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El Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá admitió para estudio una demanda de acción popular instaurada en contra de varias empresas señaladas de adulterar la producción de leche con ‘lactosuero’.
Según los promotores de esta demanda constituye un evidente engaño al consumidor al no informarle que no está comprando un producto cien por ciento leche sino con la adición de lactosuero.
“Este es un engaño frente a la confianza del consumidor que cree estar pagando por leche a un valor menor al promedio del mercado, sin saber que en realidad se trata de una adulteración con lactosuero”, señala la demanda.
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Asimismo, se precisa en la demanda que desde hace tres años aproximadamente se ha detectado la venta de este producto principalmente en ciudades donde hay una alta concentración poblacional.
Ante esta situación una serie de productores afectados por esta competencia desleal se dieron a la tarea de practicar una serie de análisis de laboratorio no sólo en Colombia sino en Alemania y detectaron que este tipo de leches han sido adulteradas y que hay ciertas marcas que adicionan lactosuero.
Según los demandantes existe una afectación económica a los pequeños productores, ya que se estima que al día se venden en promedio 400 mil litros diarios de estos productos con presencia de lactosuero.
De acuerdo con la acción popular esta situación estaría afectando a alrededor de 350 mil lecheros que le venden a la industria y se está beneficiando a empresas que están faltando a la verdad a los consumidores.
¿Qué busca la demanda?
Pretensiones:
Esta acción popular pretende que se declare que dichas compañías vulneraron los derechos e intereses colectivos por comercializar un producto como leche cuando realmente no lo es.
De igual forma, buscan que se les ordene a estas compañías abstenerse de fabricar y comercializar leche con lactosuero y que retiren de todos los circuitos comerciales las leches adicionadas.
Adicionalmente, la demanda tiene por objetivo que se les ordene a las compañías señaladas en sus página web un extracto de la sentencia condenatoria y el pago de los perjuicios causados como consecuencia de vulnerar los derechos e intereses colectivos.
