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El abogado Abelardo de la Espriella, quien defiende los derechos de varias comunidades aledañas a Cerro Matoso, pidió al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, que se declare impedido dentro del proceso por la condena a la empresa minera.
El jurista señaló que el magistrado Linares debe apartarse de la discusión de la Sala Plena debido a un concepto que dio en una entrevista radial sobre el proceso que adelanta actualmente el alto tribunal.
El pasado 3 de agosto, en entrevista con la W Radio, Linares hizo referencia directa a los principales puntos del debate jurídico.
“En este caso algunos magistrados pensamos que hay otras vías procesales como la acción de grupo y también que la actuación de la empresa no es arbitraria, pero obviamente ahí gana la mayoría, (...) es el numero cinco porque cinco son los magistrados que hacen una mayoría en todos los casos que nos llegan a nosotros en la Corte”, precisó.
De la Espriella considera que el magistrado no guardó reserva del proceso emitiendo un concepto sobre la posible decisión que tomaría la Corte sobre Cerro Matoso.
“En el deber legal se ordena abstenerse de emitir juicios de valor o conceptos sobre los procesos que tienen a su cargo, so pena de incurrir en causales de recusación o, de oficio, declararse impedidos”, dice uno de los apartes del documento enviado a la Corte Constitucional.
El abogado asegura que el magistrado prejuzgó sobre la decisión que la Corte deberá emitir en próximos días: “dicho magistrado estima que la actuación de la empresa Cerro Matoso S.A. no es arbitraria. (...) es evidente que ha emitido un concepto claro y específico sobre la controversia que se encuentra pendiente de dirimirse en los próximos días”.
En una sesión pasada, la Corte apartó de la discusión a la magistrada Gloria Ortiz, al aceptarle un impedimento para participar en el debate.
El caso que estudian los magistrados se relaciona con la condena a Cerro Matoso para reparar a los miembros de ocho comunidades aledañas a la mina de Níquel en Córdoba, quienes han sido víctimas de algún tipo de enfermedad con ocasión a la extracción minera.
Las partes, empleados de la minera y comunidades indígenas, se han acercado en las últimas semanas a las instalaciones de la Corte para pedirle una decisión ajustada a derecho.
Los empleados de la firma alegan que en la empresa se trabaja con estándares de calidad, con respeto por las normas, las comunidades y el medio ambiente y que el fallo condenatorio tuvo inconsistencias.
Por otro lado, los indígenas dicen que han sufrido de enfermedades en la piel, en la respiración y hasta cáncer, consecuencia de la contaminación en el ambiente por el mineral, hechos que fueron corroborados por Medicina Legal y están contenidos en la sentencia.
