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LA FM de RCN conoció que la Fiscalía General de la Nación incrementó el rastreo de bienes y activos ilícitos en Colombia y en el exterior de los empresarios y demás implicados con el entramado criminal relacionado con el hurto continuado de petróleo y la posterior reventa del crudo, que habría representado pérdidas que ascendieron a los 80 millones de dólares para Ecopetrol.
Por instrucción de los fiscales los agentes de policía judicial y expertos peritos contables llevan a cabo una minuciosa verificación de cada uno de los documentos recolectados a lo largo de las investigaciones y avanzan en un seguimiento financiero de las transacciones y operaciones bancarias para determinar la legalidad de los activos de los involucrados en este escándalo.
En medio de estas diligencias se busca establecer el posible desvío y giro de recursos a otros países, a raíz de los enlaces de las empresas que se extendieron a otros territorios como República Dominicana, Venezuela, Curazao y Panamá y cuyos hidrocarburos hurtados terminando en muchos casos siendo exportados a Ámsterdam y otros puertos de Asia y Europa.
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De acuerdo con las pruebas en el caso de las empresas involucradas tendrían nexos estrechos con otras redes delictivas y, al parecer, servían para dar apariencia de legalidad al combustible obtenido irregularmente del oleoducto Caño Limón – Coveñas, procesarlo y ponerlo en las costas del Caribe para comercializarlo.
Se estableció que desde 2021 hasta mediados de mayo pasado, varias de las empresas implicadas habrían utilizado “personerías jurídicas, permisos otorgados por el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Medio Ambiente y las cámaras de comercio para crear y mantener actividades comerciales relacionadas con la instalación de las plataformas de extracción del crudo, el desarrollo de sistemas de almacenamiento y refinación, y la comercialización de hidrocarburos”.
En el expediente de la Fiscalía en el que se indagan a por lo menos 17 empresarios del sector de los hidrocarburos, de los cuales 10 irán a juicio acusados de cumplir diferentes roles en esta compleja organización delictiva que se valió del contrabando de combustibles que era importado ilegalmente desde Venezuela.
En las audiencias de control de garantías, los fiscales lograron establecer los nexos que tendría la guerrilla del ELN con estas organizaciones dedicadas a estas actividades ilícitas de extracción, refinamiento, comercialización y transporte de hidrocarburos de Ecopetrol.
Dentro de los judicializados por este caso se destaca Albaneris Pérez Garavis alias La Mona quien era la encargada de financiar toda la red criminal, responsable de proveer los recursos al ELN con una injerencia especial en la región del Catatumbo, en Norte de los Santander.
En relación con los empresarios se menciona a Hernando Silva Bickenbach, representante legal de la sociedad comercial Niman Commerce, a quien se le señala de supuestamente ser uno de los “dinamizadores de los hidrocarburos que se distribuye de manera ilegal por el territorio nacional”.
SAE asume custodia de bienes por $1.3 billones incautados
Esta proceso de persecución de los activos ilícitos de estas redes criminales hace parte del proceso de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía de manera paralela al proceso penal y que permitió lograr el reciente embargo de bienes por más de 1.3 billones de pesos a los miembros de este entramado criminal, cuyas propiedades fueron dejadas a disposición de los funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su respectiva custodia y administración.
Durante estas primeras diligencias fueron incautadas estas 101 propiedades, entre ellos varios barcos, vehículos de alta gama y lujosos inmuebles, que harían parte del patrimonio ilícito de algunos de los presuntos integrantes de esta estructura ilegal.
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Entre los activos embargados se encuentran 9 inmuebles rurales y 15 urbanos; 37 vehículos, 7 naves, 18 sociedades y 15 establecimientos de comercio, ubicados en Bogotá, Barranquilla y Galapa (Atlántico); Chivatá (Boyacá), Cartagena (Bolívar); Flandes, Espinal y Lérida (Tolima); Chía y Madrid (Cundinamarca); Barrancabermeja y Bucaramanga (Santander), Buenaventura (Valle del Cauca).
