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La Corte Suprema de Justicia no abrirá una investigación formal contra el senador Gustavo Petro por el denominado ‘nuevo modelo de aseo de Bogotá’, mientras se desempeñó como alcalde de la capital del país y que le costó su salida de ese cargo.
Cabe mencionar que fueron varios los cuestionamientos contra Gustavo Petro por ese sistema, ya que por un lado se criticaba la legalidad del decreto por medio del cual se estructuró el polémico modelo, además del contrato celebrado entre la Uaesp y la empresa de acueducto para la prestación del servicio de aseo.
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De la misma forma se cuestionaba la declaración de urgencia manifiesta en diciembre de 2012 cuando se presentó una situación con los operadores privados de recolección de basuras y los supuestos sobrecostos en el arriendo de carros compactadores de residuos .
Sin embargo, ese tribunal determinó que no existían pruebas suficientes para investigar al hoy senador, tal y como lo hizo el vicefiscal de la época en el 2004, tras argumentar las mismas circunstancias.
Es de mencionar que por ese mismo escándalo del esquema de recolección de basuras en la ciudad de Bogotá durante la Alcaldía Gustavo Petro, el Consejo de Estado en una decisión que adoptó en octubre del año pasado, dejó en firme el fallo que negó la demanda de pérdida de investidura en su contra.
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Esa demanda se relacionó a una presunta inhabilitad para que Gustavo Petro ejerciera el cargo de congresista, al haber sido sancionado fiscalmente por la Contraloria Distrital de Bogotá.
El fallo de primera instancia del Consejo de Estado sostuvo que dichas sanciones fiscales se fundamentan en actos administrativos que fueron emitidos por la Contraloría Distrital de Bogotá y no constituyen sentencias judiciales.
De acuerdo con el Consejo de Estado, para que se produzca la causal de pérdida de investidura, “debe existir una sentencia judicial que pruebe que una actuación dolosa o gravemente culposa” del congresista como servidor público, que haya dado lugar a una condena de reparación patrimonial en contra del Estado.
Gustavo Petro fue condenado fiscalmente por las decisiones relacionadas con la contratación de maquinaria para la puesta en funcionamiento de un nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá, cuando fungió como alcalde.
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