La FM en Google News
La Fiscalía General de la Nación otorgó principios de oportunidad como parte de las investigaciones en los casos de Odebrecht y Centro Poblados.
Se presentaron dos figuras jurídicas ante los jueces de control de garantías para su respectivo aval judicial, que cobijarían a Gabriel Alejandro Dumar Lora y Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona.
Según explicó la Fiscalía, en el caso de Cáceres Bayona, se aplicará la figura de "suspensión parcial de la acción penal por el término de un año", en desarrollo de la investigación en su contra por el delito de peculado por apropiación.
Le puede interesar: Corte Suprema confirma condena a exdirector del Dapre, Bernardo Moreno, en el caso ‘Yidispolítica'
El órgano investigador destacó que la negociación judicial implica que Cáceres Bayona comparezca como testigo en la investigación que avanza contra otros presuntos vinculados en este caso de corrupción.
Además, señala la misma Fiscalía que se pretende que el investigado "restituya un total de 9.062 millones de pesos, correspondientes al anticipo del contrato 1043 de 2020, cuyo objeto era dotar de internet a escuelas rurales en varios departamentos del país. Cáceres Bayona ya ha reembolsado 3.302 millones de pesos, y los recursos restantes a restituir ascienden a 5.760.427.303 pesos.
En el caso de Gabriel Alejandro Dumar Lora, se aplicará el principio de oportunidad en la modalidad de renuncia a la acción penal bajo inmunidad parcial, por la investigación en su contra por el delito de lavado de activos dentro del caso Odebrecht.
Dumar Lora, según asegura la Fiscalía, "contribuyó a que se impartiera justicia y reparación respecto a los hechos de corrupción de Odebrecht, al cumplir los compromisos adquiridos y al declarar de manera voluntaria, con lo cual ha aportado al avance de la investigación y a la imposición de condenas contra otros involucrados".
Vea también: Day Vásquez hará nuevas revelaciones en el caso de Nicolás Petro
Se conoció que Dumar Lora custodiaba, administraba y daba apariencia de legalidad al dinero, que luego era entregado como coimas a funcionarios públicos y particulares intervinientes en el entramado delincuencial. El procesado recibió 175.015.126 pesos, de los cuales reintegró, en valor actualizado, 215.000.000 pesos.
Este sujeto fue acusado el 15 de marzo de 2019 por varios eventos relacionados con lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares; purgó una pena de 4 años y 6 meses de prisión por estas conductas, pena que le fue impuesta en junio de 2020.
Los principios de oportunidad fueron otorgados mediante las resoluciones 0327 y 0328 del 1 de agosto de 2024.
