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La decisión de primera instancia fue adoptada por el magistrado ponente de la Sala Penal del Tribunal, Alberto Poveda Perdomo, quien ordenó recluir al exsenador en el pabellón especial para funcionarios públicos de La Picota.
Asimismo, dejó en claro que el Inpec es quien debe garantizar y adoptar las medidas necesarias para brindar una efectiva protección de los derechos fundamentales de Bula, quien permanece recluido en las instalaciones de la Fiscalía.
“Ordenar al director del Inpec que en uso de sus facultades legales, en lo sucesivo estudie las peticiones de traslado de personas privadas de la libertad y determine la competencia y legalidad de quien las solicite, para que sin violentar el ordenamiento jurídico establezca su viabilidad o no y evite que se repitan situaciones como las que aquí ocurrieron”, señala la decisión del Tribunal.
El magistrado, en su determinación también hizo un llamado de atención al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, con el objetivo que “se prohíba a todos los funcionarios y empleados de esa entidad que se abroguen facultades y competencias que corresponden exclusivamente al INPEC y los funcionarios judiciales”.
El fallo del tribunal agregó que: “Esta orden implica que en lo sucesivo, la Fiscalía General deberá abstenerse de impartir instrucciones para que la reclusión de los internos se haga en lugares diferentes a los que dispuso el funcionario judicial competente o en sitios no autorizados por el Código Penitenciario y Carcelario”.
