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El Tribunal Superior de Bogotá ordenó al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Policía Metropolitana de Bogotá avanzar en el traslado de los uniformados que, desempeñando funciones en los Comandos de Atención Inmediata, CAI, en la capital del país, cometieron irregularidades y abusos de la fuerza durante los desmanes de las protestas adelantadas en los hechos registrados el 9 y 10 de septiembre de 2020.
Esta decisión fue emitida por los magistrados, en la cual se ampararon los derechos e intereses colectivos a la seguridad pública, que fueron alegados por el entonces veedor de Bogotá, Guillermo Rivera.
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En el mismo fallo se ordena a la Policía Nacional y a los organismos de control, en cabeza de la Fiscalía y la Procuraduría General, que entreguen un informe documentado del estado actual de los procesos penales y disciplinarios que se siguen contra los uniformados inmersos en actuaciones irregulares o que constituyen delito en hechos asociados a estas manifestaciones.
De igual forma, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Gobierno deberán elaborar un listado de las personas reportadas como víctimas sobrevivientes de estos hechos con el fin de que se tomen las medidas respectivas para cumplir con su adecuada reparación.
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Cabe recordar que estas manifestaciones se originaron tras la muerte el 9 de septiembre de 2020, del estudiante de derecho Javier Ordóñez, por cuenta de un caso que se configuró en un abuso de la Policía, lo que desató una ola de protestas, que dejó un saldo de cerca de 300 heridos, 75 de ellos por arma de fuego, diez personas asesinadas en Bogotá y tres más en Soacha (Cundinamarca).
El fallecimiento de Ordóñez se dio un día antes de conmemorarse el Día Nacional de los Derechos Humanos.
