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El juez 45 de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez en el marco del proceso penal que se le adelanta por las irregularidades en el contrato para el adoquinamiento de las calles del municipio de Albania.
Debido a la gravedad de los hechos materia de investigación, el riesgo de fuga y la afectación de las pruebas que reposan dentro del proceso, el funcionario judicial manifestó que se justifica que la exmandataria departamental esté privada de su libertad mientras se adelanta el respectivo caso.
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En este sentido señaló que la Fiscalía General presentó documentación frente a las amenazas e intimidaciones que habrían recibido un grupo de testigos, situación por la cual pidieron que se les garantice su protección puesto que temen por su vida e integridad personal.
El juez considera que la exgobernadora de La Guajira representa un peligro para la sociedad puesto que habría puesto en marcha una estrategia con el fin de acallar a testigos. "Son conductas graves y lesivas".
En su extensa intervención, el juez de garantías sostuvo que el hecho que se hubiera utilizado la celebración de contratos como plataforma para impulsar su campaña a la Gobernación de La Guajira.
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"Se habría intentando presionar a unos testigos para que no declararan, siendo indicativo de una obstrucción a la justicia pues existe un riesgo latente, quizás para el peligro para la comunidad pese a que esta persona ya no tiene la calidad de servidora pública se desconoce por parte de este despacho si ha sido sancionada disciplinariamente o puede aspirar a un cargo lo que representaría un peligro para la sociedad", precisó.
En su análisis jurídico se sostuvo que la exgobenadora "fácilmente" podía evadir el accionar de la justicia, teniendo en cuenta la facilidad que tiene para moverse por la frontera, por lo que podría salir del país sin ningún tipo de inconveniente. "Este despacho encontró una constancia que indica que no se encontraba en su vivienda en Bogotá".
Pinto, quien no se ha hecho presente en la mayoría de las audiencias aduciendo falta de garantías, enfrentará un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, celebración de contratos sin los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento pública y falsedad en documento privado.
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