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En el transcurso de la presente semana el proceso penal contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade se puso nuevamente sobre la mesa. Esta vez, por una carta enviada por el relator de relator especial sobre el derecho a la privacidad de la ONU.
En la misiva, enviada al Gobierno, el delegado del organismo internacional pedía investigar las interceptaciones ilegales que se habían hecho a la línea telefónica del exfuncionario investigado por su presunta participación en el escándalo de Odebrecht en Colombia.
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(...) quisiera instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la persona mencionada e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona de las violaciones alegadas”, precisa el delegado del organismo internacional.
En este sentido señalaba que pese a lo manifestado por las autoridades colombianas, la DEA había manifestado formalmente no tener ningún tipo de conocimiento sobre los hechos que rodearon la interceptación de las líneas telefónica de Andrade en el desarrollo de la investigación.
En el marco del debate, la Fiscalía General le envió un documento a la ONU para asegurarle que las interceptaciones que le adelantaron a Andrade habían sido avaladas por dos jueces de control de garantías de la capital de la República.
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En el documento membretado, la fiscal Amparo Cerón, quien hasta hace poco lideraba las investigaciones por el caso Odebrecht en Colombia, señaló que nunca se presentó ninguna irregularidad, “ni mucho menos una fasedad documental”.
“En esta investigación, se obtuvieron interceptaciones a los teléfonos del señor Andrade, todas las cuales fueron plenamente legalizadas por los jueces 34 penal municipal con función de control de garantías y 76 penal municipal con función de control de garantías”, señaló la delegada del ente investigador, reseñando que estas acciones fueron sometidas a un control de legalidad.
Cerón explicó que existió la modificación de un número del abonado telefónico de Andrade para corregir un error mecanográfico. “Resulta así, contraria a la realidad cualquier afirmación que sugiera la falta de sustento documental o legal de aquellas, como se ha intentado presentar ante los medios de comunicación nacionales e internacionales”.
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El expresidente de la ANI, quien actualmente se encuentra en los Estados Unidos, enfrenta dos procesos penales por las presuntas irregularidades que se presentaron en los procesos de licitación para los proyectos de la obra Ocaña-Gamarra y la Ruta del Sol III que le fueron entregadas a la empresa brasileña Odebrecht.
En el primer proceso, la Fiscalía General acusó formalmente a Andrade por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y falso testimonio.
Mientras que en el otro proceso se radicó el escrito de acusación por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento en los requisitos legales.
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