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La representante a la Cámara por Santander, Mary Anne Perdomo, del Pacto Histórico, fue llamada a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y revelación de secreto, en hechos relacionados con su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
Este llamado se da tras conocerse la decisión en primera instancia del Consejo de Estado de declarar la pérdida de investidura por indebida destinación de recursos públicos.
El proceso fue impulsado por Édgar Millares, quien hizo parte de la UTL de Perdomo y denunció que una asesora habría recibido pagos sin cumplir funciones, mientras su madre, continuó trabajando de manera informal. “Se nombró una persona que no ejerció función alguna… y se le pagaron asignaciones salariales por más de 100 millones de pesos”, explicó Millares, señalando que la congresista “avaló que esta persona no hubiera laborado”.
Por su parte, Perdomo negó las acusaciones, según se puede leer en el fallo del Consejo de Estado: “El escrito no da cuenta de hechos relevantes y verificables, sino que contiene un relato con apreciaciones subjetivas sobre la supuesta suplantación… no se vislumbra prueba alguna que individualice de manera concreta la responsabilidad”.
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Sin embargo, la Corte Suprema tras examinar interceptaciones telefónicas fue contundente al señalar que “el protagonismo de la sindicada en ese probable acuerdo con las señoras Rueda Guerrero indica que aquella habría conocido las circunstancias en las que vincularía a Laura Rueda y, mes a mes, tuviera conocimiento de que ella no habría cumplido con sus deberes".
Además, la Sala advirtió que “el número de ocasiones en que María Isabel Rueda Guerrero conoció de documentos reservados también juega como hecho indicador del conocimiento de la situación por parte de la sindicada”.
Aunque la congresista ha señalado que este proceso tiene motivaciones políticas, el expediente reúne declaraciones, certificaciones, registros de ingresos al Congreso que ahora hacen parte tanto del fallo del Consejo de Estado como del proceso penal que avanza en la Corte.
Por su parte Millares, precisó sobre las declaraciones de la congresista acerca de una posible persecución política: "No me parece que tenga asidero que esto sea persecución política...no hay ninguna intención, por decir algo de mi parte, para atacar a un sector político específico y menos aún cuando yo soy del mismo sector político, digamos, en el sentido de la propuesta del Gobierno Nacional. Lo que sucede es que a la par de eso, pues yo soy un defensor, me gusta la causa de la justicia, me gusta la causa del derecho y en ese marco es que adelanto esta acción.
La medida de pérdida de investidura fue apelada por la defensa de Perdomo, pero el llamado a juicio por parte de la Corte Suprema marca un nuevo capítulo en el proceso por los delitos que habría cometido la representante a la Cámara.
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