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El Consejo de Estado negó una demanda interpuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil con la que buscaba que el exregistrador Iván Duque Escobar asumiera los costos de una sentencia que obligó a la entidad a indemnizar por casi 540 millones de pesos a un funcionario, quien había sido desvinculado de manera ilegal.
Lo que buscaba la Registraduría era que Duque Escobar, padre del presidente de la República, Iván Duque, devolviera los dineros que se pagaron al exfuncionario, quien fue despedido de la entidad sin justa causa en 1999.
Sin embargo, el Consejo de Estado señaló que no se probó que la persona a quién se ordenó indemnizar hubiera recibido la reparación económica a satisfacción, por lo cual no era posible acceder a la demanda.
“No se incluyeron en el expediente una certificación bancaria o una constancia de recibo del pago a favor del beneficiario y en virtud a que en los comprobantes de egreso aportados como prueba de pago por parte de la Registraduría aparecen casillas correspondientes a la firma y sello del beneficiario y las de la Tesorería, sin que ninguno de los espacios hubiese sido diligenciado”, señaló el Consejo sobre la decisión.
Los hechos tienen origen en una demanda que interpuso el entonces funcionario de la Registraduría contra la decisión por medio de la cual el entonces registrador Iván Duque lo declaró insubsistente y tuvo que dejar el cargo en 1.999.
En su reemplazo, se nombró a la abogada Elizabeth Gómez Luque, quien acredito en su hoja de vida una experiencia de un poco mas de cuatro años en actividades jurídicas, “pese a que para ese cargo se exigía experiencia de mas de ocho años”.
El funcionario, quien tuvo que salir de la entidad, aseguró que el nombramiento de la abogada se había dado por “razones políticas”, mientras que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a su favor en el 2004, ordenó reintegrarlo y pagarle los dineros que dejó de recibir desde el momento de su retiro.
Consecuentemente, la Registraduría interpuso una demanda de repetición, con miras a que el registrador y el director de Recursos Humanos de la época asumieran los costos del cumplimiento de esta decisión judicial.
