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“El presidente Santos pide mi renuncia, pero mantiene en el cargo al general Palomino. Un poco de coherencia, por favor”. Así le respondió el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, al presidente Juan Manuel Santos, después de que el mandatario asegurase que Pretelt debía renunciar por haberse convertido en el primer magistrado en la historia de Colombia en ser acusado ante el Senado, en su caso, por presuntamente haber incurrido en el delito de concusión al pedir dádivas para fallar favorablemente una tutela.
Como ya lo hemos dicho, es lamentable la defensa del magistrado Pretelt, comparando su caso con el del general Palomino y mezclando dos cosas distintas. Pero tiene razón en que, por parte del presidente Santos, hay un doble rasero, por lo menos, cuestionable.
El primer mandatario sostiene que, distinto a lo ocurrido con Pretelt, no hay pruebas que incriminen a Palomino. Se equivoca, presidente. Distinto es que no se tomen en serio las denuncias de seguimientos ilegales contra periodistas, sustentadas en centenares de correos. Lamentable que el primer mandatario anuncie una comisión para investigar lo que sucede en la Policía y, al tiempo, salga a decir que no hay pruebas de nada. Como el fiscal Eduardo Montealegre ordenando que se investiguen los contratos con la analista Natalia Springer y, a su vez, condecorándola. Si fuera por pruebas, hay que decirlo: no hay evidencia de que Pretelt haya recibido dinero alguno. Pero eso no quita que haya podido incurrir en faltas que hagan que sea declarado indigno por el Senado.
Y se equivoca el primer mandatario al confundir lo penal y lo disciplinario con lo administrativo. Para condenar o sancionar a alguien se requieren, por supuesto, pruebas. Pero para despedir a alguien de su trabajo basta con que se demuestre que no ha cumplido a cabalidad con sus funciones. Un ministro, por ejemplo, puede ser inocente de cualquier delito, pero ser un funcionario mediocre y ser despedido por ello. En el caso de Pretelt y Palomino, por supuesto que gozan de la presunción de inocencia y del derecho al debido proceso, pero ni el uno ni el otro merecen seguir en sus cargos. Los funcionarios, a diferencia de los ciudadanos del común, tienen que dar ejemplo y demostrar probidad debido a que son figuras públicas y representantes de instituciones que tienen que generar confianza en la ciudadanía.
Dice el presidente Santos que Pretelt debe renunciar para no seguir empañando la imagen de la justicia. Pues eso mismo se puede decir del general Palomino. Aunque la Policía no imparte justicia, propiamente dicho, es una entidad vital para el buen funcionamiento de la sociedad y no puede permitirse que su legitimidad se vea en entredicho. Vale recordar que el último revolcón al interior de esa institución fue por un escándalo de chuzadas. Pero, a diferencia del DAS, con la Policía no pasó nada y, de hecho, al acabarse el DAS, muchas de sus funciones pasaron a la Policía. No puede ser que con el DAS se rasguen las vestiduras y en otros casos no pase nada.
Por supuesto que no es justo que por cualquier chisme se saque a un funcionario de su cargo. Pero es que las acusaciones en cuestión no son simples rumores de pasillo y afectan a las instituciones que ellos representan. Pero en Colombia se volvió costumbre mantener a funcionarios cuestionados en sus cargos; el “aquí estoy y aquí me quedo”. Les falta decoro a los que se atornillan y a los que permiten que eso pase.
