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El juez 38 administrativo de Bogotá condenó a la Nación por las "chuzadas" ejecutadas por agentes del DAS en contra de la entonces senadora liberal Piedad Córdoba Ruiz.
En el fallo judicial se advierte que desde el organismo de seguridad se planearon seguimientos y actividades ilegales para recolectar información privada de la congresista.
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Esto con el fin de crear un plan de desprestigio en contra de Piedad Córdoba para relacionarla con un grupo armado ilegal, y así afectar su buen nombre e integridad persona.
El juez calificó como una afrenta a la democracia lo ocurrido con la excongresista, magistrados, líderes de la oposición y periodistas del país.
"Toda vertiente política tiene el legítimo derecho de buscar la conquista del poder político a través de las urnas, a lo que solamente se puede oponer los que detentan el poder mediante el ejercicio legítimo de la política, pero nunca mediante el empleo de inteligencia y la contrainteligencia para atacar el buen nombre de aquellos que son potenciales merecedores del favor popular", señala uno de los apartes del fallo.
En este sentido se menciona que las interceptaciones se realizaron en el desarrollo de las operaciones 'Onix' y 'Amazonas' para acceder a la información contenida en los correos electrónicos, registros de telefonía celular y datos financieros.
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También se advierte que no existe justificación para utilizar los mecanismos de inteligencia del Estado con el fin de destruir a los contradictores políticos.
“El extinto organismo de inteligencia incurrió en flagrante infracción de las normas constitucionales y legales propias de la naturaleza de la entidad. Se deduce que para la publicación de panfletos en contra de Piedad Córdoba fue necesario hacer uso de las funciones de la subdirección de Contrainteligencia y Dirección de Inteligencia por órdenes provenientes de la Dirección General del DAS”, apartes del fallo.
Por los daños y perjuicios ocasionados a Córdoba entre los años 2005 - 2008, la Nación fue condenada a pagar 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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En la sentencia también se establece que su esposo, hijos y madre, deberán ser indemnizados con 170 salarios mínimos.
El juez ordenó también que en menos de 30 días por medio de un acto público el DAS, representado actualmente por la Fiduprevisora, deberá hacer un acto de perdón a la exsenadora.
