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Para el primero de octubre está programada la audiencia de inicio de juicio disciplinario contra los expatrulleros de la Policía, Harby Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, por la muerte del ingeniero aeronáutico Javier Ordoñez, ocurrida a principios de septiembre en medio de un operativo judicial.
La Procuraduría los citó a juicio, en medio de la investigación disciplinaria por presuntos delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y homicidio.
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Los patrulleros estaban asignados al Centro de Atención Inmediata (CAI) del barrio Villa Luz, en el noroccidente de Bogotá y llevaban cinco años en la institución.
Los expatrulleros quedaron registrados en varios videos publicados en redes sociales, sometiendo al abogado y aplicando descargas de pistola taser. Por esos hechos también enfrentan un proceso penal.
A raíz de ese caso, la noche del 9 y 10 de septiembre se registraron varias marchas y desmanes en Bogotá y otras ciudades del país, en las que los miembros de la Policía Nacional se habrían excedido en sus funciones.
Sobre esos hechos, la Procuraduría ha solicitado en reiteradas oportunidades información concreta a la Policía, pero los documentos que se han entregado no satisfacen los requerimientos del órgano disciplinario.
Fuentes de la Procuraduría han dicho que la "precaria" información que ha entregado la Policía les ha impedido tomar decisiones sobre eventuales investigaciones por los hechos ocurridos después de la muerte de estudiante de derecho.
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Incluso se registro una inconformidad, por parte del Procurador delegado para la Fuerza Publica, por la forma en que la Policía les ha respondido a los requerimientos solicitados.
“Me veo en la imperiosa necesidad, señor Mayor General, de expresarle la perplejidad que me produjo la lectura del oficio de la referencia, mediante el cual el señor teniente Coronel Virgilio Armando Forero Sotelo, jefe del Centro automático de Despacho Mebog, está acudiendo a recursos idiomáticos, logísticos y legales para demorar la entrega y/o anticipar la justificación a una eventual inexistencia de parte de la documentación”, se señala en uno de los documentos entregados de la Procuraduría a la Policía.
Fuentes del organismo de control también señalan que “mandaron un cuadro de Excel con los videos de redes sociales y no de las cámaras de vigilancia que hay en la ciudad, no remitieron las grabaciones de radio, ni los reportes de uso de las armas y gasto de munición”.
