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El Ministerio de Defensa Nacional informó que todos los traslados de personal de la Justicia Penal Militar, que estaban pendientes para este 10 de febrero, fueron derogados.
La entidad recalcó que ante diversas comunicaciones recibidas en el Ministerio de Defensa, que expresan preocupación por una serie de traslados y nombramientos de servidores públicos de la justicia penal militar, van a ser revisadas cada una de las solicitudes.
“Van a ser revisadas todas las novedades. El Ministerio adoptará las determinaciones de acuerdo con la ley y la reglamentación, teniendo siempre como objetivo garantizar el buen funcionamiento de la Justicia Penal Militar”.
Cabe recordar que a la fecha hay más de 19.000 procesos en curso a instancias de la Justicia Penal Militar, que cuenta con 234 jueces, pero la meta a siete años es tener 310 despachos.
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Incluso, Alejandro Ramírez, su director, indicó: “Lo primero que haremos son unos traslados en la jurisdicción para demostrar que somos eficientes desde el punto de vista de los funcionarios judiciales en cada una de las regiones y, adicionalmente, el nombramiento de nuevos funcionarios para fortalecerla y eliminar los encargos que hacía mucho más lentos los procesos”.
El pasado 14 de noviembre se inauguró la nueva sede de la Justicia Penal Militar, un moderno edificio ubicado en el cantón militar del occidente de Bogotá y cuya inversión rodeó los 29.000 millones de pesos.
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Cabe recordar que la sede fue bautizada en homenaje a la teniente de fragata Laura Rocío, la juez militar asesinada en marzo de 2005 junto con once militares cuando se desplazaba desde Puerto Leguizamo al corregimiento de la Tagua, en Putumayo.
