Medida de detención domiciliaria a funcionario de la Procuraduría investigado por corrupción

La jueza 36 de control de garantías de Bogotá cobijó con detención domiciliaria al abogado sustanciador de la Procuraduría General, Jesús Alejandro Garzón, señalado de exigir dinero para desviar procesos disciplinarios.

Según explicó la jueza, el estado de salud del procesado, así como su avanzada edad y riesgo de contagio de coronavirus impiden que sea enviado a la cárcel, acogiendo así los argumentos esgrimidos por la Fiscalía y el abogado defensor.

"Es justo y necesario que la medida de aseguramiento se cumpla en su lugar de residencia al cuidado de su familia y no exponiendo su integridad en la prisión y la integridad de otras personas, dado el feroz y multiplicador contagio del virus, en ese sentido el despacho acoge en su integridad el criterio de la defensa y la manifestación de la Fiscalía al no ponerse a esta medida de aseguramiento", indicó la funcionaria judicial.

“En síntesis hay elementos materiales probatorios que permiten establecer con probabilidad de verdad que, el señor Jesús Alejandro Garzón, es presunto autor de la conducta punible de concusión y que procede la medida de aseguramiento”.

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“El despacho resuelve imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia señalado por el imputado, por lo que se libra la boleta de detención con destino a las diferentes cárceles, La Modelo, La Picota e Inpec, previo a ello debe suscribir diligencia de compromiso”, mencionó la juez.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General, el abogado sustanciador (Jesús Alejandro Garzón), le habría exigido al senador Richard Alfonso Aguilar Villa de 300 millones de pesos para desviar a su favor un proceso disciplinario.

También se le investiga porque supuestamente le pidió al mayor de la Policía, Manuel Alejandro Rondón Almanza, cinco millones de pesos para promover una acción de tutela contra la Procuraduría, con la que pudiera recuperar el pago de los honorarios dejados de percibir, mientras estuvo suspendido por un proceso disciplinario.

Según se conoció a través de una supuesta familiar del abogado sustanciador, identificada como Aura Matilde Garzón Rincón, se radicó un derecho de petición y después una acción de tutela.

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La Fiscalía General señaló que cuenta con los testimonios del senador Richard Alfonso Aguilar Villa, (quien fue reconocido como víctima dentro del proceso), la procuradora auxiliar para asuntos disciplinarios Nasly Teresa Hoyos, (quien denunció hechos irregulares), los mayores Manuel Alejandro Rondón y Óscar Cuesta (integrante del equipo de seguridad del procurador Fernando Carrillo).