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En ese orden de ideas, el ente acusador llamó a imputación de cargos a más de 10 exfuncionarios de la administración del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, cuyas audiencias se realizarán en los próximos días ante un juez de control de garantías en los juzgados de Paloquemao, tratándose así, de un nuevo capítulo dentro de ese escándalo de corrupción.
Las imputaciones se realizarán en contra del exsecretario de movilidad Fernando Álvarez por irregularidades detectadas en la implementación del Sistema de Transporte Público, Sitp, además de otros cuatro exfuncionarios de la propia gerencia de Transmilenio.
También serán imputados cuatro exfuncionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, dentro de ellos su exdirectora, Miriam Margoth Martínez, por irregularidades en la adjudicación de un contrato con la empresa Distromel, cuyo objetivo era el monitoreo de 500 carros recolectores de los residuos sólidos en Bogotá.
Además, la Fiscalía llamó a imputación de cargos a Mauricio Solano, exdirector del Fondo de Vigilancia y Seguridad, por un contrato para la adquisición de cámaras de seguridad para Bogotá, las cuales, según las investigaciones adelantadas, no servían.
Los exfuncionarios deberán responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
Así lo confirmó, en diálogo con LA F.m., Juan Vicente Valbuena, fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien lidera la investigación del carrusel de la contratación en Bogotá.
"Para este evento tenemos en primer lugar el Sistema Integrado de Transporte Público, en el cual estarían involucrados funcionarios de la Secretaría de Movilidad y la Gerencia de Transmilenio, para lo que corresponde el Fondo de Vigilancia de Bogotá. Tenemos próximas imputaciones con lo que tiene que ver con el contrato de cámaras y también con la UAESP, que es la que maneja el servicio público de recolección de basuras".
Las investigaciones podrían vincular al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, lo que complicaría su situación jurídica, por lo que el fiscal hizo una invitación para que el exmandatario negocie con la Fiscalía, eso sí con varias condiciones.
"La Fiscalía tiene la posibilidad de abrir una negociación, pero bajo dos condiciones muy importantes, primera, la devolución de los dineros, segundo, la aceptación de la responsabilidad con la información y la verdad completa para seguir avanzando en el mismo tema. Si alguien más participó en este desfalco, que el señor Samuel Moreno lo diga".
Por último, la Fiscalía anunció que avanza la investigación por el carrusel de la contratación a nivel nacional en, Santander, Cundinamarca y otras regiones del territorio nacional en las que se descubrió un modus operandi similar al que se registró en la capital del país.
