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La exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado Afanador envió una carta en la que presenta excusas públicas por haber ordenado seguimientos e interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia; a los congresistas Gustavo Petro y Piedad Córdoba; a la exrepresentante a la Cámara, Yidis Medina; así como al abogado Ramiro Bejarano.
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Hurtado, condenada en 2015 a 14 años de prisión por su responsabilidad en el escándalo de las 'chuzadas', reconoció su error y aseguró que está adelantando -desde su lugar de reclusión- un trabajo de resocialización y reparación a las víctimas reconocidas.
“Además de atender a la decisión de la H. CSJ, entiendo que el perdón, como su nombre lo indica, es un don, un acto libre e incondicional y en este caso nacen de mi convicción de contribuir humildemente al proceso de reconciliación nacional”.
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En la misiva enviada a todas las víctimas reconocidas durante su proceso en la Corte Suprema de Justicia, la exdirectora del organismo de inteligencia pide excusas por el daño causado. "Estas disculpas se suman a la ofrecida junto con Bernardo Moreno, a la señora Yidis Medina en mayo de 2017".
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Hurtado asegura que ya pagó la totalidad de la multa que le impuso la justicia, en su lugar de reclusión ha tenido un comportamiento ejemplar, "realizando cursos certificados, de los cuales no pedí reducción de pena, respetando normas sobre la materia, pero que hice con firme convicción de contribuir al proceso de resocialización que caracteriza a la pena de prisión".
La exdirectora del DAS se encuentra privada de su libertad en una guarnición militar en Bogotá. En diferentes oportunidades ha pedido su libertad condicional o la detención domiciliaria. Pero jueces de ejecución de penas y la Corte Suprema de Justicia se la han negado por no cumplir los requisitos.
María del Pilar Hurtado fue condenada a 14 años de prisión en abril de 2015 por su participación y responsabilidad en los seguimientos e interceptaciones ilegales adelantadas a periodistas, magistrados de la Corte Suprema y políticos de oposición al Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
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El alto tribunal la sentenció por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
En el fallo, el alto tribunal determinó en su momento que existían pruebas documentales y testimoniales que permitían inferir que desde la dirección del DAS se dieron órdenes precisas para interceptar las comunicaciones de un grupo de personas y obtener información privilegiada con el fin de crear campañas de desprestigio.
Según las pruebas recolectadas, Hurtado recibía directamente estos documentos en su despacho. Después se los presentaba personalmente a un grupo de funcionarios de la Presidencia de la República y, en casos muy específicos, al jefe de Estado.
Pese a que conocía de la ilicitud de su conducta –reveló el fallo- la directora del organismo de seguridad del Estado continuó con estas labores. Incluso, en algunos casos, utilizó los gastos reservado del organismo para pagar por la obtención de documentos, fotografías y videos.
