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El abogado Juan Pablo Mantilla, coordinador del equipo Jurídico del Sindicato Nacional de Trabajadores al Cuidado de la Infancia y Adolescentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar – SINTRACIHOBI, instauró un incidente de desacató con el que buscan que el Estado reconozca el pago de pensión y seguridad social a 106 madres comunitarias.
De acuerdo con Mantilla, la acción judicial podría resultar en privación de la libertad de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Cristina Plazas, o en altas multas.
"La tutela fue notificada al ICBF el 13 de diciembre de 2016 y el plazo perentorio para su cumplimiento, que es de un mes, ya venció", dijo Mantilla.
La decisión de la Corte Constitucional se encuentra en firme y es de obligatorio cumplimiento para el ICBF. La acción judicial debe ser decidida en los próximos 10 días.
Esta jurisprudencia, que beneficia inicialmente a 106 madres, podría llegar a cobijar a cerca de 120 mil mujeres que atienden niños y jóvenes, con un pago ascendería a 29 billones de pesos en total.
