Cárcel de Pereira Imagen
RCN Radio
19 Sep 2019 09:28 AM

Los líos legales del director de cárcel de Pereira por presunta corrupción

El directivo de la cárcel fue acusado de cometer prevaricato y fraude procesal.
Alvarez
Karol
Álvarez Vélez
@Karolavelez

La comisión de dos delitos en el cumplimiento de sus deberes llevó al Sindicato de Trabajadores del Inpec en Risaralda a denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, al director de la Cárcel de Varones La Cuarenta Pereira, Jorge Iván Osorio.

De esta manera, por el incumplimiento de las normas en el manejo de los centros penitenciarios del país, como la Sentencia 762 de 2015, entre otras reglamentaciones en esta materia, la Unión de Trabajadores Penitenciarios en la capital de Risaralda adopta esta decisión, ya que dicha actuación del director está afectando el ya colapsado hacinamiento del penal. 

Lea también: Exgobernador de San Andrés, Ronald Housni, condenado a 15 años de prisión

Pedro Vargas, presidente de este sindicato, aseguró que la denuncia en contra del director de la cárcel de Pereira es por prevaricato y fraude procesal.

“Por no estar cumpliendo la sentencia 762 y el Auto 110 del 2019. Estamos accionados en el equilibrio decreciente, en el cual se debe cumplir como la norma y la ley lo dicen, donde si salen tres libertades entran tres o dos, pero qué está haciendo el director, salen cinco y recibe quince”, aseguró Vargas. 

El representante del sindicato y también defensor de los derechos humanos de la población carcelaria, reiteró que en la actualidad la cárcel la 40 de Pereira tiene uno de los niveles de hacinamiento más alto de los últimos años, que alcanza el 100%, ya que la capacidad del establecimiento es para 640 reclusos y en la actualidad hay 1.300 personas detenidas.

Le puede interesar: Militares deben defender la patria hasta con su vida: Corte Constitucional

El líder sindical también anunció que a raíz de los los reclamos por los actos violatorios de derechos con los internos, la entidad convocó para el próximo 27 de septiembre a una reunión con la Defensoría del Pueblo en Risaralda, La Procuraduría y la Personería de Pereira, a fin de que estas entidades generen acciones que permitan salvaguardar los derechos de la población privada de la libertad. 

Fuente
Sistema Integrado de Información