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El entonces secretario de la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa, presentó una denuncia ante la Fiscalía General para que se investigaran las irregularidades en los permisos a exjefes de las Farc para que salieran del país.
El ente investigador inició en ese momento el rastreo de conversaciones y mensajes de chat para verificar la forma en cómo se estaban entregando dichos permisos.
En una de esas interceptaciones se toparon con una llamada de la directora administrativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Martha Lucía Zamora y la contratista Yuli Milena Enriquez, quienes presuntamente hablan de cómo podrían excusarse las salidas de las zonas territoriales de los excomandantes de las Farc.
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Esta interceptación fue clave para abrir una investigación formal en contra de Zamora y otras dos contratistas por la entrega irregular de estos permisos.
Interceptación
"Zamora: (... ) Ellos tienen el compromiso de que si van a variar de sitio manden un documento, para actualizar sus datos.
Ay, para bajarle un poco a eso, porque van a empezar a decirnos que los busquemos.
Yuli: si… pero este fin de semana es importantísimo estar ahí a ver qué pasa… voy a ponerme en función de eso".
El exjefe de las Farc José Lisandro Lascarro, alias 'Pastor Alape' y Fernando Arellán -sentenciado por el atentado al Club El Nogal en Bogotá- se habrían beneficiado de manera irregular de estos permisos.
'Pastor Alape' salió del país el 2 de abril del presente año, mientras que Arellán lo había hecho en marzo de 2018. Las pruebas recolectadas indican que no contaban con las autorizaciones legales ni cumplían con los requisitos.
El ente investigador relató que Yuli Milena Enriquez y Luis Enrique Caicedo también habrían asesorado a los exjefes guerrilleros para que se excusaran de no permanecer en las zonas territoriales.
La Fiscalía General les imputó los delitos de abuso de función pública, asesoramiento y perturbación de actos oficiales. Los procesados no aceptaron cargos.
Recientemente el Gobierno de Estados Unidos le canceló la visa a Martha Lucía Zamora y a los dos contratistas de la JEP.
Tras responder en interrogatorio, tanto Zamora como los contratistas Henríquez y Zamora negaron los señalamientos de la Fiscalía y argumentaron que los funcionarios de este tribunal especial siempre han actuado con transparencia y con su deber.
