Llaman a juicio al exsenador Efraín Torrado por carrusel de la contratación

Una empresa de los familiares del excongresista habría recibido un contrato para suministro de alimentos de forma irregular.
Efraín Torrado, exsenador de La U
Efraín Torrado, exsenador de La U Crédito: Colprensa

La Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al excongresista Efraín Torrado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Una empresa del entonces congresista habría recibido de manera irregular varios contratos para el suministro de la canasta alimentaria en programas de atención a familias y a personas en condición de vulnerabilidad en diferentes localidades de la capital de la República entre los años 2008 y 2011.

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El nombre del congresista fue vinculado al escándalo del 'carrusel de la contratación' en Bogotá puesto que habría utilizado sus influencias y cargo para recibir estos 21 convenios con la Alcaldía de Bogotá.

En la acusación, la Sala Especial de Instrucción determinó que el entonces congresista del partido de 'La U' resultó beneficiado con los contratos con la Secretaría de Integración Social del Distrito.

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Para lograr que las empresas de su grupo familiar lograran la adjudicación de los contratos, Torrado habría desplegado toda clase de acciones e influencias indebidas ante la Secretaría.

El senador habría pactado el pago de comisiones por gruesas sumas de dinero. Además, se encontró un inusitado incremento en los contratos que obtuvo el ‘Grupo Torrado’.

Entre los años de 2008 y 2009, este conglomerado empresarial consiguió que se le entregaran de forma directa contratos por más de $110.000 millones, tiempo en el que las adjudicaciones de la Secretaría de Integración Social al mencionado grupo crecieron en un 350 % con relación a la administración anterior.

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En la decisión, la Sala de Instrucción señala que el acusado pudo usar su calidad de senador de la República y su amistad con otro congresista implicado en este escándalo de corrupción para conseguir que se aumentara la entrega de convenios a las empresas del ‘Grupo Torrado’, afectando la imparcialidad y transparencia que exige la ley para la contratación pública.


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