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El Gobierno radicó en el Congreso el proyecto de ley que busca reglamentar la Comisión de Aforados que creó la debatida Reforma al Equilibrio de Poderes, aprobada por el legislativo.
Este proyecto, según explicó el ministro de Justicia, Yesid Reyes, establece el procedimiento investigativo que adelantará la Comisión para investigar y acusar al fiscal general y a los magistrados de las Altas Cortes. La Comisión podrá presentar acusaciones penales, disciplinarias o fiscales.
“Para la Comisión de Aforados está previsto un procedimiento de investigación único. Frente a la comisión de un delito, el proceso o la acusación va a ir ante a Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Si el acusado es un magistrado de esa corte, el juicio será ante una sala de conjueces designada por el Consejo de Estado”, dijo Reyes Alvarado.
Si se trata de una falta disciplinaria, la Comisión tendrá que presentar un proyecto de fallo ante la Cámara de Representantes, para que esta lo apruebe. Esta decisión puede ser apelada ante el Senado de la República.
También tendrá a su cargo investigaciones por presunto daño patrimonial al Estado. En este caso, explicó el ministro de la cartera judicial que “le corresponderá adelantar el procedimiento de responsabilidad fiscal y declarar la responsabilidad patrimonial del aforado. No obstante, este fallo debe ser consultado ante la Cámara de Representantes”.
En el proyecto se prohíbe expresamente que la Comisión de Aforados investigue a los magistrados o al fiscal general por el sentido de sus decisiones.
