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El delegado de la Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, Esiquio Sánchez visitó la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objeto de recaudar pruebas dentro del proceso de investigación abierto contra el canciller Álvaro Leyva Durán.
En este proceso también está vinculado secretario General, José Antonio Salazar Ramírez, luego de que los funcionarios decidieran declarar desierta la licitación para la expedición de pasaportes.
El organismo busca establecer si con la decisión, que entrará en vigor el próximo 2 de octubre, se infringieron principios de la contratación estatal, y si la conducta de los servidores es causal de falta disciplinaria o si actuaron bajo el amparo de exclusión de responsabilidad.
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La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento, al parecer, habría vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria.
Este proceso se realizó luego de que la cartera decidiera que el contrato será celebrado en forma directa y sustentó que este proceso estará dentro del marco legal de la Urgencia Manifiesta declarada mediante la Resolución Ministerial no 7541 del 14 de septiembre de 2023.
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"El Fondo Rotatorio del Ministerio se propone contratar directamente y de inmediato el suministro, la formalización, la custodia y la distribución de libretas de pasaportes y etiquetas de visas a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste", indicó la Cancillería en un comunicado.
El canciller Leyva deberá explicar ante la Procuraduría las razones por las que tomó la determinación de suspender dicho contrato y entregar información con respecto al proceso licitatorio.
Luego del proceso, la Procuraduría estudiará los documentos recolectados para determinar si hay méritos suficientes para tomar medidas disciplinarias contra el canciller Leyva.
