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La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia avanza en una indagación preliminar tras una denuncia instaurada en contra de la ministra de Relaciones Exteriores Laura Sarabia por la supuesta comisión de delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir agravado en relación con posibles actuaciones que afectarían la administración pública o el patrimonio del Estado.
Este caso se relaciona con una denuncia de junio de 2024 de la Red de Veedurías de Colombia, en la que se le solicitó a la Fiscalía indagar el supuesto enriquecimiento injustificado de las empresas que estarían relacionadas con la familia de la canciller Laura Sarabia.
En el marco del programada metodológico de investigación la fiscalía general de la Nación a cargo del caso ha impartido varias órdenes de policía judicial para avanzar en la recolección de elementos de prueba que permitan esclarecer los hechos denunciados.
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Dentro de estas diligencias, la Fiscalía ha solicitado a la Presidencia de la República los correspondientes reportes de ingresos mensuales, compensaciones y viáticos devengados por parte de la ministra Sarabia desde 2022 hasta la fecha.
También mediante inspección judicial se solicitó a la presidencia de la República copia de los actos administrativos por medio de los cuales se nombró a Laura Sarabia como jefe del centro del Departamento Administrativo de la Presidencia, como directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y como Ministra de Relaciones Exteriores.
De igual forma, la Fiscalía solicitó tener copia de las respectivas actas de posesión y constancia de los servicios prestados por parte de Laura Sarabia.
Por su parte, la defensa de Laura Sarabia aseguró que este caso hace parte de una de las 33 campañas de descrédito en contra de la Canciller.
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Lina Sandoval, abogada de la canciller Laura Sarabia reportó que en la pasada diligencia del 30 de abril la ministra puso a disposición de la Fiscalía su historial patrimonial, financiero, contable, fiscal e información exógena.
“Asimismo solicitamos a la Unida de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizar el análisis correspondiente. Laura no tiene nada que ocultar y en su contra no existen acusaciones penales ni juicios pendientes. Pueden quienes actúan en su contra, ocultos tras terceros, justificar su propio patrimonio y su tren de gastos, lo dudo, pero será la justicia que lo determine. No le taparan la boca”, agregó la abogada Sandoval.
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