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La Procuraduría General de la Nación emitió un requerimiento a la Superintendencia Nacional de Salud, tras cuestionar una designación de los interventores de las EPS cuya administración fue asumida por el Gobierno Nacional, que habría sido realizada en contra del procedimiento establecido en la ley.
En el documento enviado, el Ministerio Público subrayó que, aunque la medida de designación es discrecional, no puede adoptarse de forma arbitraria ni sin justificación por lo que exigió que se explicaran los motivos y los juicios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad que fundamentaron la decisión.
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La Procuraduría señaló que el procedimiento regulado la ley y sus modificaciones establece que las designaciones deben realizarse a partir de candidatos recomendados y evaluados dentro del sistema del Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores.
El organismo explicó que este sistema incluye a entidades como Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Sanitas y Coosalud, y está diseñado para garantizar transparencia en la selección de funcionarios en cargos relacionados con la salud.
Sin embargo, la decisión en cuestión se apartó de este mecanismo establecido en el Registro.
El requerimiento también cuestionó por qué se optó por una designación discrecional, pidiendo a la Supersalud que aclarara si no se contaba con los perfiles adecuados dentro del registro y que justificara la razón detrás de esa elección.
La Procuraduría insistió en que, a pesar de las decisiones discrecionales se ajustan al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las facultades de la administración no pueden ser absolutas y deben estar basadas en criterios objetivos.
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Por tal motivo, la Procuraduría solicitó con urgencia que se entregara toda la información que respaldara la actuación de la Supersalud, incluyendo los fundamentos técnicos y jurídicos que dieron lugar a la decisión de apartarse del procedimiento normativo y pidió los documentos que justifiquen las evaluaciones y los soportes utilizados en la designación.
La Supersalud tiene un plazo de tres días hábiles para remitir la documentación requerida para dar las explicaciones a las dudas generadas alrededor de la designación de interventores.
