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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) deberá determinar cuál es el destino de los procesos que han avanzado sobre la situación de Salvatore Mancuso, luego de la decisión de la Corte Constitucional en la que dejó la competencia para procesos al exparamilitar en Justicia y Paz.
La decisión de la corte consiste en mantener la facultad en las salas de Justicia y Paz, pues los magistrados resaltaron que, los paramilitares, deben hacer parte de la jurisdicción que fue creada para este tipo de grupos al margen de la ley.
“En concreto Salvatore Mancuso hizo parte de los mencionados grupos, se desmovilizó a raíz del pacto de Santafe de Ralito y fue postulado por el Gobierno Nacional para ser procesado por la Jurisdicción de Justicia y Paz”, dice un comunicado corto de la Corte Constitucional.
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Frente a esta decisión, según explicación de fuente del tribunal, la JEP deberá determinar autónomamente cuál será el procedimiento que adelantará, luego de conocer la decisión de la corte, pues la jurisdicción admitió al exparamilitar “en calidad de sujeto funcional y materialmente incorporado a la fuerza pública entre 1989 y 2004”.
Según la jurisdicción en un pronunciamiento de noviembre del 2023, el ex paramilitar Salvatore Mancuso actuó como “sujeto bisagra o punto de conexión”, pues los magistrados afirman que “tuvo el poder para mover los hilos de estructuras militares, empresariales, políticas e incidir en agendes del Estado de alto rango”.
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Teniendo en cuenta esta decisión, según las fuentes de la corte, no se verían afectados los procesos en la JEP, debido a que la determinación de los magistrados de la Sala Plena, solo resuelve la jurisdicción que se encargará de los casos de Mancuso como paramilitar, con el objetivo de que se alcancen sanciones para la reparación de las víctimas.
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