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La juez 70 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a la cárcel al capitán David Alexánder Álvarez, jefe de custodia de la cárcel El Buen Pastor, por su presunta participación en la fuga de Aida Merlano.
Por considerar que es un peligro para la sociedad, para los internos que atestiguaron en su contra y para la investigación, la funcionaria judicial lo envió a un centro de reclusión.
Álvarez tiene en su haber varias investigaciones disciplinarias por supuestas malas prácticas. Tuvo que ser trasladado de la cárcel de Picaleña de Ibagué.
Internas de la cárcel de El Buen Pastor declararon que el capitán, supuestamente, concedía privilegios a Aida Merlano.
La juez calificó de 'traición' a la función pública la presunta conducta del indiciado por la inferencia razonable de que cometió los delitos de prevaricato por acción y favorecimiento de fuga agravado. También dijo que el comportamiento de Álvarez enloda el nombre de la institucionalidad.
"Este comportamiento afecta la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas; hay miles de funcionarios públicos que se levantan cada día con mucho amor y esfuerzo a cumplir su labor con idoneidad y este tipo de actuaciones lesionan esa labor", dijo la juez.
El capitán de prisiones será enviado al pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota en Bogotá.
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Antecedentes
La Procuraduría General avaló la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario presentada por la Fiscalía en contra de Álvarez Cárdenas, por su presunta participación y conocimiento en el plan de fuga de la excongresista Aida Merlano.
Según la delegada del Ministerio Público, el capitán Álvarez se encontraba en período de vacaciones cuando firmó la orden de remisión de Merlano para que fuera trasladada desde la cárcel El Buen Pastor hasta el Centro Médico La Sabana, en el norte de Bogotá,y continuara con un procedimiento odontológico.
Consideró que él no podía firmar este permiso. En este sentido, le pidió a la jueza 70 de control de garantías que avalara la petición presentada por el fiscal del caso, considerando que existe un gran riesgo de fuga y de manipulación, alteración o destrucción de elementos materiales de prueba en la investigación que se adelanta por la fuga de la excongresista el pasado primero de octubre.
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