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La decisión fue tomada al revocar la determinación de un juez que, en primera instancia, no dictó medida de aseguramiento en contra del funcionario.
Manrique fue procesado por la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por las irregularidades en el contrato para la compra de 100 motos eléctricas para la Policía en Bogotá.
El contrato fue celebrado el 28 de agosto de 2012 y mediante este, la Administración Distrital compró las polémicas motos por un total de 4 mil 400 millones de pesos.
Según lo establecido, cada motocicleta tuvo un costo unitario de aproximadamente 43 millones de pesos, llegando a ocasionar un detrimento patrimonial para la capital del país en suma cercana a los 1.100 millones de pesos.
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