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Dos empleados de la Secretaría de Hacienda de Yopal y un particular fueron judicializados porque estarían apoderándose de dineros públicos entre 2019 y 2020. Al parecer, los dos servidores públicos y un particular solicitaban dinero a los usuarios y luego alteraban el sistema informativo del Municipio para registrar actuaciones inexistentes. La denuncia la interpuso el mismo alcalde de Yopal Luis Eduardo Castro.
Por solicitud de la Fiscalía, fueron cobijados con detención intramuros, los funcionarios de la alcaldía Yody Yeimy Patiño Vargas de 31 años, quien se desempeñaba como auxiliar administrativo desde noviembre de 2013 en la Secretaría de Hacienda; Rafael Nossa Molano de 40 años, técnico administrativo quien laboraba actualmente en las TICS y el particular Luis Enrique Herrera Niño de 55 años, de ocupación tramitador.
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La investigación inició ante la situación evidenciada en la Oficina de Recaudo de Impuesto Predial, donde se detectaron irregularidades en el registro de paz y salvos de los deudores al no coincidir con los extractos bancarios del municipio, determinando que por lo menos en 151 registros de presunto pago de este impuesto en 2019, el dinero no ingresó a las arcas del municipio, presentándose un detrimento por $1.004'863.150.
De acuerdo con las actividades adelantadas por investigadores de la Fiscalía Casanare, con apoyo de la Dirección Especializada Contra la Corrupción y Dijin anticorrupción de la Policía Nacional Bogotá, se realizó la interceptación de líneas telefónicas y análisis, que permitieron establecer que los detenidos, al parecer, recibían hasta el 50% del valor de lo adeudado al municipio por cada acreedor.
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Las órdenes judiciales contra los detenidos que fueron presentados ante un juzgado con función de control de garantías, para su judicialización fueron materializadas en las ciudades de Pailitas (Cesar) y Yopal (Casanare).
La Fiscalía imputó cargos contra los detenidos por los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con cohecho propio, acceso abusivo a un sistema informático agravado y daño informático. Ninguno de los detenidos aceptó los cargos.
Frente a la decisión del juzgado, la Fiscalía solicitó a las autoridades penitenciarias y de salud revisar el estado médico de los detenidos y garantizar que estén en buenas condiciones antes de realizar su traslado al lugar de detención.
