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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió que se deberá adelantar el proceso de extinción de dominio de un bien que aparece en el proceso contra Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El mellizo, expulsado de la ley de Justicia y Paz.
Se trata del lote de terreno ubicado en San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba, que deberá ser objeto de “la imposición de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión de poder dispositivo”.
El despacho de la magistrada Patricia Salazar comprobó que efectivamente el lote figura dentro del proceso que se adelantó contra alias El Mellizo, quien estuvo vinculado a Justicia y Paz como responsable del Bloque Vencedores de Arauca de las AUC, pero posteriormente fue excluido.
“Es inherente a la actuación procesal en el entendido que la imposición de medidas cautelares se dirige a afectar bienes del postulado o de la agrupación armada ilegal sometidos a la Ley de Justicia y Paz que podrían ser destinados a la extinción de dominio con miras a reparar a las víctimas de sus conductas ilícitas”, recordó la Sala.
La Corte señaló que el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá además deberá determinar si el lote puede ser usado para reparar a las víctimas de los paramilitares.
“Si corresponde a las relaciones sostenidas por el ahora excluido con la plana mayor de las autodefensas o con otros integrantes del Bloque Vencedores de Arauca, teniendo en cuenta que la reparación a las víctimas no se atribuye a título personal sino colectivo”, sostiene.
Según un documento de la sala de Justicia y Paz de Bogotá, el 23 de diciembre de 2005, en su condición de comandante, Mejía Múnera se desmovilizó colectivamente con el Bloque Vencedores de Arauca en el corregimiento de Puerto Gaitán, municipio de Tame (Arauca).
Al proceso también se sumaron 523 integrantes de dicho grupo armado ilegal. El 7 de febrero de 2012 la Fiscalía les formuló cargos por delitos relacionados con concierto para delinquir, narcotráfico, lavado de activos y crímenes de lesa humanidad como homicidio en persona protegida, secuestro simple agravado, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, desaparición forzada, tortura en persona protegida, acceso carnal violento en persona protegida.
También fueron acusados de violación de habitación ajena, secuestro extorsivo agravado, prostitución forzada o esclavitud sexual, actos de terrorismo y reclutamiento ilícito de menores, según hechos ocurridos entre los años 2000 a 2005.
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