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El Ministerio de Justicia publicó un decreto en el que cambia las reglas de juego para el reparto de las acciones de tutela y determina, por ejemplo, que el Consejo de Estado será el único competente para aquellas contra la Presidencia de la República sobre erradicación de cultivos ilícitos o seguridad nacional, en primera instancia.
La determinación ha generado polémica en el mundo jurídico con voces de respaldo y rechazo. El juez Fredy Machado, presidente de Asonal Judicial, advirtió que "la tutela es la joya de la corona del estado de derecho. Se advierte un excesivo presidencialismo. Eso de que se pida una corte única por el partido de gobierno o que las tutelas las atienda una sola de las altas cortes llama mucho la atención. Es un mensaje antidemocrático".
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, advirtió que el decreto no es inconstitucional. "Se ajusta perfectamente a la Constitución pues ya hay un antecedente. En el año 2000 cuando un decreto de esta misma índole le adjudicó competencias a diferentes despachos judiciales y el Consejo de Estado dijo que por ser de mero reparto pues se ajustaba a la Constitución y no estaba violando el artículo 86 de la Constitución que dice que se puede presentar ante cualquier juez la acción de tutela", puntualizó.
El penalista Francisco Bernate opinó que "el gobierno nacional nuevamente demuestra su absoluta desconexión con las verdaderas necesidades y problemáticas de la justicia en Colombia. Ahora nuevamente se modifican las reglas de reparto de la acción de tutela a través de un decreto que no tiene sustanciales modificaciones. Se debe a la creación de la Comisión de Disciplina Judicial y misteriosamente a centralizar las tutelas relacionadas con cultivos ilícitos lo cual carece de cualquier razonamiento".
Sebastián Escobar, abogado del Colectivo José Alvear, advierte que "hay un desprecio del gobierno Duque por el control de las actuaciones de la administración. Ya hay un fenómeno bastante preocupante que es la concentración en amigos de los organismos de control. Y ahora un decreto que busca que el presidente elija el propio juez en contra de sus actuaciones se suma a esta lista y es un fenómeno preocupante".
Otros advierten que pierden las comunidades campesinas e indígenas que estaban obteniendo resultados en juzgados, en todo el país, contra la erradicación forzosa de cultivos o las aspersiones con glifosato. Sobre el tema La FM conoció que hay preocupación de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado por lo que llaman una "serie" de tutelas contra la erradicación forzosa.
Dice la Agencia que actualmente hay por lo menos siete tutelas que pretenden "suspender y paralizar por completo" el programa de erradicación de cultivos argumentando el incumplimiento del cuarto punto del acuerdo de paz, relacionado con la sustitución voluntaria, y que es necesario que la Corte Constitucional unifique la jurisprudencia en ese sentido.
"A partir del año 2020, se han entablado una serie de acciones de tutela cuya petición está orientada a suspender y paralizar por completo, los operativos de erradicación manual forzada de cultivos de uso ilícito bajo el argumento de que el Gobierno Nacional incumplió con los compromisos adquiridos en el punto 4 del Acuerdo Final de Paz, en relación con la implementación del PNIS, siendo incierto el panorama jurídico debido a la duda fundada que existe", advierte la Agencia en una insistencia presentada a la Corte.
