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El Juez Primero Penal del Circuito de Cartagena, ordenó la libertad de Milena Quiroz y otros líderes sociales que fueron judicializados por presuntos nexos con el Ejército de Libertad Nacional (ELN).
Los lideres sociales quedaron a disposición de la justicia luego de haber sido capturados en marzo de este año, en una operación adelantada por el Ejército Nacional en articulación con la Fiscalía General de la Nación.
Estas personas, donde algunas se les dictó reclusión en centro carcelario y otras detención domiciliaria, les imputaron los delitos de rebelión y concierto para delinquir.
Además de Quiroz, se ordena la libertad de Isidro Alarcon, Nubia Gómez Jaime, José David Jaime Lemus, Manuel Francisco Zabaleta Centeno y Félix Muñoz.
El abogado Jorge Molano, defensor de la líder Milena Quiroz, aseguró que la decisión del Juez, resultado del recurso de apelación, “es de suma transcendencia” debido a que deja en evidencia en que “hubo ligereza en el desarrollo de la actividad investigativa por parte de la Fiscalía“.
La decisión del Juez se basa en que no hubo suficiente material probatorio en contra de los lideres, así como que en los señalados se presentó una vulneración al principio de presunción de inocencia.
“Hay contracciones y hechos sospechosos en las declaraciones de quienes sirvieron como supuestos testigos, fueron omitidas por parte del Juez y de la Fiscal, pero que además son claros que estos hechos se dan en el contexto de los llamados falsos positivos”, apuntó.
Teofilo Acuña, vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, dijo que desde la organización se tenía claro que el incidente contra los lideres sociales y campesinos “era un falso positivo judicial”.
“Recibimos con gran alegría esta decisión, en vista que se actúa en justicia”, expresó.
Los defensores de los líderes esperan que tras este fallo de segunda instancia quede plenamente establecida la inocencia de los mismos, al igual que estos recobren su libertad en la mayor brevedad posible.
También confían que los funcionarios que actuaron “criminalmente” en este proceso, se surtan contra estos las investigaciones y sanciones que hayan lugar.
