Juez le ordena a la Fiscalía investigar a Emilio Tapia por violar la casa por cárcel

La jueza primera de ejecución de penas de Barranquilla le pidió a la Fiscalía General que investigue al contratista Emilio Tapia por haber violado la detención domiciliaria que se le otorgó para que continuara cumpliendo las condenas emitidas en su contra por el 'carrusel de la contratación' en Bogotá.

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En el fallo que le revocó la "casa por cárcel" al empresario se advierte que en diferentes oportunidades salió sin permiso del lugar donde cumplía la pena y además habría salido de la ciudad en vuelos privados.

"Existen pruebas suficientes, como el informe de captura y sus anexos, los informes periodísticos del mes de septiembre de 2021 acreditan las salidas no autorizadas de Tapia Aldana de su lugar de internación domiciliaria, máxime cuando al interior del proceso no se advierte concesión de ningún permiso otorgado para esas fechas por este Despacho Judicial", señala la decisión.

En este sentido le pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría General que establezcan si servidores públicos ayudaron o permitieron que Tapia Aldana saliera de su residencia e incumpliera la medida de prisión preventiva.

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"Se compulse copias con destino a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que se aperturen las correspondientes investigaciones penales y disciplinarias en contra de los servidores públicos que con su acción u omisión hayan permitido o facilitado al condenado Emilio José Tapia Aldana' incumplir las obligaciones impuestas al concederle la prisión domiciliaria, y en consecuencia burlado el accionar de la justicia en sede de ejecución de penas; inclusive utilizando, con ilegales propósitos, el domicilio en el que una autoridad judicial dispuso que debía permanecer privado de su libertad", precisa la decisión.

Tapia además deberá pagar una caución por un valor cercano a los 2'400 mil pesos al Tesoro Nacional-Multas y Cauciones Efectivas.

El empresario se encuentra actualmente vinculado con la investigación por las irregularidades en el proceso de licitación para el billonario contrato entregado por el MinTIC a la Unión Temporal Centros Poblados.