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Un juez de Bogotá condenó a la Nación por la expulsión irregular de Colombia durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos del activista venezolano Lorent Enrique Gómez Saleh, quien reclamaba el asilo político alegando que estaba en riesgo su vida y pese a ello, fue deportado a su país donde fue torturado por las autoridades bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
La decisión fue adoptada por parte del Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que condenó al Estado, en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia al pago de más de 150 millones de pesos por los perjuicios morales y materiales causados a Lorent Saleh y su madre.
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“La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia resultó condenada administrativamente, por la detención del señor Gómez Saleh el 4 de septiembre de 2014 y posteriormente, entregar a los brazos de su torturador, régimen de Nicolás Maduro, quien lo tuvo privado arbitrariamente de su libertad y torturado por más de tres años”, dijo Víctor Mosquera, abogado de Saleh.
Según el jurista, esta decisión es trascendental porque introduce en la jurisprudencia Colombiana el reconocimiento del principio universal de “no devolución en favor de los migrantes” cuya vida e integridad personal corren riesgo en su país de origen.
Además con este fallo se advierte la obligación de asegurarse de que el migrante expulsado pueda escoger un tercer país seguro donde su vida no se encuentre en inminente peligro.
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El abogado explicó que este caso fue denunciado en su momento ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, en atención a la violación grave de derechos humanos de que fue víctima Gómez Saleh.
