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El Acto Legislativo 01 de 2017 por el cual se creó la Justicia Especial para la Paz-Jep y que aprobó la Corte Constitucional, establece que cualquier persona que haya cometido un delito directa o indirectamente relacionado con el conflicto armado puede acogerse a la Jurisdicción, pero está comprometido a contar la verdad.
Con esa premisa, el representante Hernán Penagos, ponente de la ley estatutaria de la Jep, explicó que los excongresistas procesados por parapolítica pueden solicitar su acogimiento y es la jurisdicción la cual debe definir.
“Dice que todo aquel que haya cometido un delito relacionado con el conflicto, y cuando se trata de parapoliticos se habla de actos relacionados (...) porque se entiende que los excongresista son Agentes de Estado”, señaló.
Dijo que lo que le corresponde a la JEP es recibir las solicitudes y definir si es un caso de su jurisdicción o de la justicia ordinaria, “de debe resolver en cada caso”.
En ese sentido, la ley estatutaria de la JEP que está en estudio constitucional en la Corte, propone que los condenados por parapolitica puedan recuperar sus derechos políticos, pidiendo revisión de sus casos ante la Jurisdicción pero comprometidos a contar la verdad.
Hasta el momento se conoce de cuatro procesados por vínculos con paramilitares que ya solicitaron pista en la jurisdicción.
El primero fue el exembajador y exgobernador del Cauca, Juan José Chaux, cuyo caso podría ser el más avanzado, pues la Corte Suprema ya decidió enviar su proceso a la JEP. Él está a la espera de la respuesta.
También suscribieron acta de sometimiento los excongresistas Julio Manzur, Alvaro Ashton y David Char, quienes le pidieron a la Corte Suprema suspender sus procesos para que sean revisados por la JEP.
Char por ejemplo decidió no aceptar cargos hasta tanto no haya respuesta a su solicitud, “se definió esperar a que exista respuesta de la JEP y luego convocar a sentencia anticipada, mientras tanto la Corte continuará en la revisión de los procesos”, dijo su abogado Mauricio Pava.
Manzur solicitó pista en la JEP en febrero y aunque asegura que no tiene responsabilidad, busca que se tome una decisión definitiva en su caso después de 11 años que lleva el proceso en la Corte.
Ashton por su parte, dice que su caso tiene relación con el conflicto. Está en la cárcel Picota por supuestos vínculos con el frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC, sin embargo también tiene una investigación activa por el denominado ‘cartel de la toga’
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