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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) deberá resolver la solicitud presentada por el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, procesado por su presunta participación y responsabilidad en el plan para atentar contra la vida del periodista y humorista Jaime Garzón Forero.
La defensa del excomandante del B-2 de la Brigada XIII del Ejército Nacional aseguró que los hechos por los cuales enfrenta un proceso penal tienen relación directa con el conflicto armado interno, lo que conlleva a que el conocimiento de su caso debe pasar a conocimiento de esta justicia especial creada en el proceso de paz.
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En la petición, radicada el 7 de octubre de 2017, el abogado considera que durante todo el juicio se ha puesto de presente la relación de actores del conflicto con la planeación y ejecución del crimen por el que es investigado su cliente, situación por la cual el expediente debe pasar a la JEP para su conocimiento.
En un documento de 38 páginas conocido por RCN Radio, la Sección de Apelación de la JEP le ordenó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que resuelva el “sometimiento integral” del coronel en retiro lo más pronto posible.
En este sentido se pidió solicitar copias de la imputación de cargos y acusación hecha por la Fiscalía General ante los jueces especializados de Bogotá en contra del militar por su presunta participación en el crimen del humorista registrado el 13 de agosto de 1999.
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La Sección le pide resolver la competencia de la JEP frente a la solicitud integral de sometimiento y, con posterioridad, “si es el caso, deberá pronunciarse sobre la concesión de la libertad transitoria, condicionada y anticipada, previa a la suscripción del acta de compromiso de sometimiento al estricto régimen de condicionalidad inherente a la justicia transicional (artículos 36 y 52 de la Ley 1820 de 2016)”.
Tras revisar el contexto de las sentencias emitidas por el crimen de Jaime Garzón, la Sala consideró que en efecto se trata de un caso enmarcado en el conflicto armado interno que vivió el país, debido a esto aceptó los argumentos emitidos por la defensa del coronel en retiro.
“A la luz de las sentencias condenatorias, públicamente conocidas, proferidas contra el exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil o el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, asiste razón al apelante en el sentido de que el homicidio del periodista Jaime Hernando Garzón Forero se ejecutó como resultado de planes y decisiones de actores principales de la confrontación armada que ha vivido el país por largas décadas”, precisa la decisión.
En este sentido señaló que en su momento el máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ordenó el crimen del periodista al considerar que era una persona muy allegada a los grupos guerrilleros y se estaba lucrando de su trabajo humanitario para la liberación de los secuestrados.
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La Fiscalía General sostiene que el atentado contra el periodista tuvo relación con sus labores humanitarias. “Los hechos investigados y la conducta imputada al apelante en el proceso penal respectivo pueden tener estrecha relación con el conflicto armado interno”.
“Por tratarse de un caso emblemático, que involucra hechos y actores de resonancia, jerarquía e interés nacional y que podían –de establecerse judicialmente- ser máximos responsables de delitos de lesa humanidad o delitos de guerra, existen razones de pesos adicionales que justifican obviamente la activación automática de la competencia prevalente de la JEP”, precisa la decisión.
El coronel (r) Plazas Acevedo enfrenta un proceso penal por el delito de homicidio agravado en calidad de determinador. La Fiscalía General lo señala de ordenar la obtención de información privilegiada de los movimientos y actividades diarias del humorista político.
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Para esto designó a varios de sus hombres para que siguieran día y noche a Garzón. Esta información le fue enviada a Carlos Castaño Gil que le ordenó a la banda delincuencial de La Terraza de Medellín ejecutar el asesinato del periodista.
Los dos sicarios designados llegaron a Bogotá y habrían sido recibidos y protegidos por hombres del B-2 del Ejército Nacional, que les dieron instrucciones precisas para la ejecución del asesinato.
En este proceso la Fiscalía y la Procuraduría General ya solicitaron que se emita fallo condenatorio en su contra, citando para esto las declaraciones entregadas por excomandantes paramilitares e informes de inteligencia que revelan su vinculación con el plan para atentar contra Garzón.
El coronel en retiro se encuentra privado de su libertad en una guarnición militar pagando una condena de 40 años de prisión por su responsabilidad en el secuestro y posterior asesinato del empresario israelí Benjamin Khoudari en 1998.
Igualmente enfrenta un proceso penal por su presunta participación y conocimiento en la ejecución de la masacre de Mapiripán (Meta) ejecutada por grupos paramilitares en coordinación con el Ejército Nacional entre el 15 y 17 de julio de 1997.
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