La FM en Google News
El representante civil de la familia de Jaime Garzón, aseguró que constituye una dilación injustificada que la defensa del coronel retirado Jorge Eliécer Plazas Acevedo, procesado por el crimen del comunicador, insista en llevar este caso ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
"La posición de la familia sigue siendo continuar con el proceso porque han transcurrido 20 años desde que ocurrieron los hechos y ya se constituye en una dilación injustificada para el acceso a la justicia de las víctimas", dijo Sebastián Escobar, abogado de la familia de Garzón.
Esta declaración se produjo luego de que el abogado Edgar Torres Martínez solicitara la nulidad absoluta de la etapa de alegatos finales del juicio que se adelanta contra el coronel (r) Plazas Acevedo, por su presunta responsabilidad en los hechos que rodearon el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón Forero.
Lea también: Piden declarar crimen de Jaime Garzón como de lesa humanidad
El abogado Torres argumentó que el juzgado séptimo especializado de Bogotá no es competente para conocer este proceso, citar a los alegatos de conclusión y mucho menos emitir fallo en contra del excomandante del B-2 del Ejército Nacional.
Según la defensa del oficial hasta el momento no se ha definido el conflicto de competencias frente a este caso puesto, que la Sala de Definición Jurídica de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no ha tomado una decisión de fondo.
No obstante, el abogado Escobar enfatizó: "Como se va a suspender un caso en la Jurisidicción Ordinaria que esta en su curso, que esta en su proceso, cuando en la jurisdicción ni siquiera existe abierto un caso formalmente sobre estos hechos o una situación similar".
Le puede interesar: Crimen de Jaime Garzón: Fiscal asegura que no hay riesgo de prescripción del caso
Por su parte, la Fiscalía y el abogado de la familia del humorista insistieron en pedir al juzgado que emita un fallo de condena en contra del coronel en retiro por su responsabilidad en el delito de homicidio agravado.
Según la Fiscalía el oficial en retiro siguió las órdenes del máximo jefe de las Autodefensas, Carlos Castaño Gil, para adelantar seguimientos ilegales y recolectar información privilegiada del periodista y humorista político.
