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La Corte Suprema de Justicia ordenó trasladar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el proceso del mayor (r) José Vicente Castro, sentenciado por su responsabilidad en la masacre de La Granja, registrado el 11 de junio de 1996 en zona rural de Ituango (Antioquia).
El caso, según lo determinó el alto tribunal, tiene relación directa con el conflicto armado, hecho por el cual deberá ser estudiado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.
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En el proceso se reseña que Castro, siendo comandante de la estación de Policía de Ituango, habría omitido sus funciones de control permitiendo el ingreso de 20 hombres pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al corregimiento de La Granaja para que ejecutaran a la población civil tras acusarla de tener vínculos con la guerrilla de las Farc.
Los paramilitares habrían contado también con la anuencia de las autoridades para salir de la zona. Diversos fallos judiciales señalan que los paramilitares contaron con el apoyo y participación activa de integrantes de la Fuerza Pública para movilizarse libremente y no ser detenidos.
“Para la época en cuestión –y aun desde antes- Colombia estaba sumergida en un conflicto armado originado en el actuar de grupos subversivos mediante el empleo de las armas y, so pretexto de derrocar al Gobierno Nacional y la supresión o modificación del régimen constitucional y legal vigente, hicieron blanco de la población civil de toda clase de atropellos, realidad dentro de la cual se gestaron los mal llamados grupos paramilitares”, señala el fallo al hacer un análisis histórico de la situación.
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En este punto señala que estos grupos “enfrentaron el accionar de esos grupos insurgentes, haciendo a su vez, también, a la población civil víctima de sus maquinaciones, en particular a quienes creían o consideraban que hacían parte de los grupos guerrilleros o que los respaldaban, auspiciaban o favorecían, obras en el que no pocas veces esos grupos de autodefensas contaron con el respaldo, por acción o por omisión, de las autoridades legítimamente constituidas”.
En el caso del mayor de la Policía, se señala que habría firmado una alianza con las AUC para no tomar acciones de fondo frente a la incursión que iban a hacer en la región. “Fue contactado por miembros de la agrupación ilegal para advertirle de la incursión armada ilegal y de esta forma garantizar que no fue a impedirla o a enfrentarla”.
Debido a que la sentencia de 38 años de prisión emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia en contra del oficial por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado está en etapa de casación, la Corte consideró que no ha pasado a “cosa juzgada”, hecho por el cual se permite que el caso pase a conocimiento de la JEP.
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En el fallo, el alto tribunal ordena dejar en libertad inemdiata al uniformado.
En mayo de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró la masacre de La Granja como delito de lesa humanidad. Esto representa que la investigación no precluirá y se deben tomar las acciones necesarias para continuar con la investigación.
La decisión se tomó en el marco de la indagación que se le adelantaba al senador Álvaro Uribe Vélez por presuntos nexos con grupos paramilitares.
El congresista fue señalado por varios exparamilitares de tener conocimiento de la fundación y expansión de estructuras paramilitares en esa región de Antioquia.
