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Magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditaron como víctimas del conflicto armado a cinco personas de la población LGTBI, dentro del caso 05 que investiga la “situación territorial en la región del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca”.
La decisión se produjo luego que la corporación Caribe Afirmativo denunciara ante ese tribunal especial que se registraron amenazas, hostigamientos, violencia sexual, detenciones arbitrarias e intentos de homicidio entre los años 2005 – 2012 contra integrante de la comunidad LGTBI en el norte del departamento del Cauca.
El pasado 9 de marzo, la corporación Caribe Afirmativo solicitó que cinco personas específicamente fueran reconocidas como víctimas de amenazas, torturas, secuestro, persecución, violencia sexual, desplazamiento forzado, tentativa de homicidio además de otros crímenes que ocurrieron en los municipios de Miranda, Toribío, Caloto, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Padilla y Villa Rica.
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Señalaron además que integrantes de la desaparecida guerrilla de las Farc y la fuerza pública, cometieron este tipo de crímenes.
Destacaron que hubo prejuicios contra sus orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.
La JEP concluyó que “tiene competencia para conocer de la persecución de la comunidad LGBTI por motivos discriminatorios relacionados con la orientación sexual o la identidad de género con ocasión o en desarrollo del conflicto armado”.
Según ese tribunal, los crímenes pueden ser calificados como de lesa humanidad cuando se registren de manera sistemática y generalizada.
“La discriminación contra la comunidad LGBTI, por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género, constituye una grave violación a los Derechos Humanos. La diversidad sexual no puede ser un motivo de agresión ni de violencia en un Estado Social de Derecho que respete la dignidad humana y la democracia”, señaló ese tribunal.
En ese sentido, la Sala de Reconocimiento admitió las demandas de verdad que fueron interpuestas por las víctimas además, reconoció a Alfredo Andrés Bula, subdirector de la Corporación Caribe Afirmativo, como su representante legal.
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Según expresó Bula, “el papel de la JEP, en términos de lograr la verdad y la reparación, tiene que ser el de vehículo y motor de cambio de la realidad del país, no solo por el reconocimiento de quienes ejercieron la violencia, sino una revisión interna sobre el papel del Estado y nosotros como sociedad al permitir estas violencias”.
La población LGTBI ha sido dentro del contexto del conflicto armado, invisibilizada como víctima.
De acuerdo con un informe del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), de las siete millones de víctimas registradas en la Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas, 1.422 declararon ser parte de la población LGBTI.
