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La Jurisdicción Especial para la Paz negó el recurso que había presentado la defensa de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga (alias 'El Paisa'), con la que buscaba tumbar la decisión de esta jurisdicción que ordenaba recolectar pruebas para determinar su paradero.
La JEP argumentó que esta información de inteligencia se utilizará como “criterio orientador” de la investigación, lo cual significa que puede ser utilizada como guía o para orientar la investigación y buscar nuevas pruebas, pero no será una prueba en sí misma.
El caso se remonta a octubre pasado, cuando la jurisdicción alternativa abrió un proceso de incidente de verificación de cumplimento en contra de 'El Paisa', para evaluar si está cumpliendo o no con los compromisos adquiridos con la dejación de armas.
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En caso de que la JEP determine que no es así, 'El Paisa' podría incluso perder los beneficios del acuerdo de paz, como lo son las amnistías o indultos.
Dentro de su evaluación, la JEP trabaja en la práctica de 22 pruebas y le solicitó información de distintas entidades del Estado sobre la ubicación de excomandante guerrillero.
Entre sus solicitudes, la JEP le pidió al ministerio de Defensa información de inteligencia sobre el posible reagrupamiento y retoma de armas de las estructuras que operaban bajo el mando de este hombre.
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Ante esto, la defensa de ‘El Paisa’ se había mostrado en desacuerdo e interpuso en su momento un recurso de reposición, manifestando que se estaban violando los derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Según los argumentos de la defensa de Velásquez Saldarriaga se veían gravemente afectados sus derechos, pues incorporar dichos informes en un proceso es prohibidos por la ley.
La JEP también le solicita a las Embajadas de la Unión Europea, Reino Unido, Alemania, Suecia y Noruega en Colombia, información sobre los convenios, acuerdos y proyectos de cooperación en la zona de reincorporación de Miravalle (Caquetá), en los que hayan participado y que hayan involucrado a 'El Paisa'.
Pide que se especifiquen los objetivos de los proyectos, las tareas y actividades a realizar por parte de Velázquez Saldarriaga, cronograma de las actividades y su estado actual de implementación.
La JEP fijó un plazo de 30 días para recopilar esta información y, pasado este tiempo, las partes involucradas presentarán sus alegatos finales.
Posteriormente, la Sala de Reconocimiento tendrá 10 días para convocar a la audiencia donde se decidirá si hubo o no incumplimiento por parte de Velásquez Saldarriaga.
