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Las imágenes todavía están en la memoria de la mayoría. Un hombre es golpeado en repetidas oportunidades en el piso por dos agentes de Policía, le presionan su pecho y ante un leve movimiento responden con varios choques de una pistola eléctrica (taser) en varias partes de su cuerpo.
Luego, el hombre es levantado a la fuerza y subido a una patrulla de la Policía ante la mirada absorta de los testigos. Antes de irse uno de los agentes se dirige hacía el hombre que está grabando todo el procedimiento, lo amenaza para que le entregue el celular y lo amedranta para que deje de grabar.
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Ese video es hoy por hoy la prueba fundamental y fidedigna en la investigación que se adelanta por el abuso de la fuerza ejercida por los agentes adscritos a la Policía Metropolitana de Bogotá por la muerte de Javier Ordóñez, un estudiante de Derecho de 43 años quien fue requerido por los policías por estar fumándose un cigarrillo y tomándose una cerveza en vía pública.
Ordóñez fue trasladado al CAI de Villa Luz en la localidad de Engativá. Pocas horas después fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa María del Lago donde falleció tras presentar heridas de consideración en su tórax, cabeza y extremidades, como lo confirmaría poco después Medicina Legal.
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Un año después de este grave hecho las investigaciones han avanzado muy poco. La Fiscalía, la Procuraduría y la Policía identificaron a los agentes de la Institución que participaron en la detención de Ordóñez y su traslado al CAI de Villa Luz, así como todos aquellos que tuvieron contacto con él en dicha estación antes de su traslado al hospital.
El 17 de septiembre fueron capturados los patrulleros Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos. Los dos uniformados fueron señalados de haber retenido por la fuerza a Ordóñez, someterlo en el piso y dispararle en repetidas –e injustificadas- veces con la pistola eléctrica.
Tras su presentación ante un juez de control de garantías los dos uniformados se declararon inocentes de los delitos de homicidio agravado y tortura. Debido a la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga fueron enviados a un centro carcelario mientras se adelantaba el proceso.
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El 16 de marzo el patrullero Juan Camilo Lloreda firmó un preacuerdo con la Fiscalía General en el cual aceptaba los cargos imputados, todo esto a cambio de una reducción en su pena. En la negociación, sin embargo, el uniformado no aceptó ser testigo de cargo de la Fiscalía en los otros procesos penales o investigaciones por estos hechos.
Tras el aval de un juez al preacuerdo el policía fue condenado a 20 años de prisión. Mientras que el patrullero Harby Damián Rodríguez Díaz continúa declarándose inocente y asegurando que seguirá en juicio para demostrar que no tuvo participación con estos hechos.
Por la muerte de Ordóñez los dos patrulleros, quienes fueron retirados de la Policía, fueron sancionados con destitución e inhabilidad por 20 años para ejercer cargos públicos por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Hasta la fecha, hay once investigaciones en curso en la Fiscalía General por todo lo relacionado con la detención de Javier Ordóñez y las torturas a las que fue sometido. Varios uniformados fueron retirados provisionalmente de la Policía mientras se toma una decisión de fondo en las investigaciones internas.
