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La Procuraduría abrió una indagación previa para establecer como se realizan los procesos de comercialización y distribución de material y sustancias explosivas por parte de la Industria Militar Colombiana (Indumil) y el Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE).
El organismo abrió este proceso debido a una detonación de explosivos que fue registrada en una mina ubicada en el municipio de Buriticá (Antioquia), pues el organismo consideró que los mineros irregulares estarían haciendo uso de estas herramientas para explotar ilegalmente la mina de oro.
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El organismo señaló que los explosivos son una sustancia controlada por el Estado, por lo que la Industria Militar no puede comercializar este material bélico.
"Los explosivos son una sustancia controlada, sujeta al monopolio del Estado, por lo que INDUMIL no puede comercializar estos explosivos a sujetos diferentes a aquellos autorizados por el DCCAE”, menciona el oficio de la Procuraduría.
Según el informe de la Procuraduría, los explosivos estrían causando afectación de los derechos humanos de los trabajadores mineros de la empresa y de los integrantes de la Policía Nacional que se encuentran en el sitio.
En el oficio, la delegada señaló que además de afectaciones a la seguridad de la región, también han registrado alteraciones al orden público y garantías fundamentales de los habitantes del municipio.
La Procuraduría ordenó la práctica de una inspección disciplinaria en las dependencias de la Policía Nacional (La Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo) con sede en el municipio de Buriticá y a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional con sede en el municipio de Medellín.
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Además pidió que realicen audiencias para así escuchar a los encargados del manejo y custodia del material explosivo al interior de la mina del municipio de Buriticá que pertenecería a la empresa Zijin Continental Gold.
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