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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar; a la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson Salcedo; y al exgerente de Aguas del Magdalena, Francisco Fernando García Rentería, por presuntas irregularidades en la firma del contrato para la construcción del acueducto ‘El Curval’, por más de $14.000 millones.
La Procuraduría investiga si en los estudios previos elaborados, se tuvo en cuenta el impacto que podría generar el proyecto sobre las fuentes hídricas seleccionadas para abastecerlo, las cuales provienen de la Sierra Nevada de Santa Marta, y actualmente presentan riesgo ambiental para los ríos Piedras y Don Diego, entre otros.
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Para el órgano de control, los investigados habrían desconocido un estudio técnico elaborado años atrás, que en sus conclusiones recomendó tomar el recurso del río Magdalena, para evitar impactos ambientales sobre los cuerpos de agua que descienden de la Sierra Nevada, y generar futuras afectaciones a las comunidades ubicadas en las riberas de los afluentes.
Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación, solicitó copia de los estudios ambientales definitivos para el desarrollo del proyecto, así como del análisis contratado en años anteriores denominado ‘Abastecimiento de agua potable a la zona norte del departamento del Magdalena’, que hacía una proyección del servicio a 50 años e incluía a Santa Marta entre los municipios que se verían favorecidos.
Con la apertura de dicha investigación, la procuraduría busca establecer si la conducta de los investigados es considerada como falta disciplinaria, y si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
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Es de recordar que, la Procuraduría el pasado domingo 3 de diciembre del presente año, emitió un comunicado donde aseguró que abriría una investigación contra la alcaldesa de Santa Marta, por el contrato de 1.6 billones de pesos, en el proyecto de agua potable el Curval.
Para la procuraduría con dicho proyecto se busca comprometer presupuestalmente a la ciudad hasta el año 2052, situación que pone en riesgo el patrimonio público de Santa Marta, ya que están en juego 1.6 billones de pesos.
