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Así lo advirtió el propio fiscal Néstor Humberto Martínez, quien explicó que esta iniciativa busca que las indagaciones contra funcionarios aforados del Estado se adelanten en el ente acusador y su juzgamiento en primera instancia esté a cargo del Tribunal Superior de Bogotá.
La Corte Suprema de Justicia estaría encargada de conocer nuevamente estos procesos, en caso de tener que revisarlos en última instancia.
“A partir de una norma de transición que ha venido trabajando el grupo correspondiente, que implica una modificación a la Ley 260, esos procesos pasarán al conocimiento para instrucción de la Fiscalía General de la Nación, todos”, indicó.
La reforma de doble instancia para el juzgamiento de los aforados permitirá que más de 50 expedientes que se encuentran a cargo de la Corte Suprema de Justicia, pasen al Tribunal Superior de Bogotá.
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