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Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra 25 de las 31 personas, entre ellos varios funcionarios de la Cancillería y la Registraduría Nacional que fueron capturados, señalados de integrar una red criminal de tráfico de migrantes dedicada a la expedición ilegal de cédulas y pasaportes a ciudadanos venezolanos y dominicanos.
Entre los detenidos se encuentran 31 personas, entre ellas, tres funcionarios de la Registraduría y tres de la Cancillería colombiana.
Los investigadores establecieron que esta organización presuntamente era liderada por Diana Vanessa Janne Gamarra y un extranjero, quienes, junto a varios familiares y personas de su círculo cercano, quienes ubicaban extranjeros en condición de irregularidad para proporcionarles transporte, alojamiento y acceso a cédulas y pasaportes que los acreditaran como colombianos.
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Según la Fiscalía, esta red cobraba entre 2.000 y 4.500 dólares por suministrar documentos falsos a migrantes, para facilitar su ingreso a México o Guatemala y cruzar, por vía terrestre, a Estados Unidos.
Información en poder de la Fiscalía advierte que por lo menos se realizaron 73 trámites irregulares para acceder a cédulas y pasaportes.
Los peritos técnicos de la Fiscalía detectaron con base en los análisis en bases de datos centenares de giros nacionales e internacionales por más de 3.411 millones de pesos que eran remitidos a nombre de integrantes de la organización criminal.
Los procesados fueron capturados en su momentos por la Dijin de la Policía Nacional durante operativos realizados en Bogotá, Amazonas, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Córdoba, Cesar y Sucre.
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Ante estos resultados en las investigaciones la Registraduría Nacional ha emitido en lo corrido del presente año 29 resoluciones para anular 344 cédulas originales colombianas que fueron tramitadas con información falsa.
Por su parte, la Cancillería realizó una serie de advertencias sobre al menos 304 pasaportes que fueron expedidos de manera irregular.
