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Medina manifestó que se ha emprendido una defensa para evitar el pago de esa suma de dinero, que obedece a en varios casos a dilaciones en los procesos penales.
"Por demandadas de reclamaciones en contra del Estado por errores judiciales, la cifra supera los 23 billones de pesos", recalcó Medina.
Medina indicó que por la aplicación, desde el primero de julio la ley 1760 de racionalización de medida de aseguramiento, saldrán de prisión 9.000 internos a los que no se les ha resuelto su situación jurídica, quienes llevan uno o más años a la espera de decisiones de los jueces.
Cabe recordar que el fiscal general Néstor Humberto Martínez en su momento solicitó la prórroga de la medida de aseguramiento en más de 4.000 casos.
Martínez, indicó que están realizando todos los esfuerzos posibles ante los jueces de la República, para evitar que de la cárcel salgan delincuentes a los que aún no se les resuelve su situación jurídica.
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