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El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Fernando León Bolaños, dictó medida de aseguramiento y ordenó cobijar con detención domiciliaria al gobernador de Santander, Didier Tavera, por las irregularidades detectadas en millonarios contratos, en 2016, sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en el departamento.
Según el magistrado, existe una inferencia razonable que conlleva a señalar que el gobernador Tavera sería presunto responsable de los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación de terceros, por un monto superior a los 10 mil millones de pesos.
Los hechos investigados se relacionan con las presuntas irregularidades en el contrato para la operación del PAE en colegios oficiales de 83 municipios no certificados de Santander, el cual tuvo un costo de los 23.800 millones de pesos y fue adjudicado a Surcolombiana de Inversiones, único oferente habilitado en el proceso licitatorio.
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“Se trató de una licitación sólo aparente para que que ninguna otra persona pudiera tener participación en dicho proceso”, señala la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.
En desarrollo de la audiencia, se le dio validez a las advertencias que realizó en su oportunidad el Comité de Transparencia por Santander en el sentido de que el pliego de condiciones exigido por la Secretaría de Educación en la licitación del PAE departamental de la vigencia 2016 limitaba la libre participación de probables oferentes.
Según el magistrado del Tribunal, en este caso se sesgó la licitación direccionándose los respectivos pliegos para favorecer a unos empresarios en particular bajo una contratación directa.
“Se puede inferir que el gobernador Didier Tavera incurrió en el delito de contrato sin el cumplimento de los requisitos legales pese a la delegación que hizo en la secretaria de educación del departamento”, señaló el magistrado en su decisión.
“No se puede concluir como lo planteó la defensa que el gobernador Didier Tavera haya sido objeto de un engaño maquinado por su secretaria de educación y de la cooperativa que accedió a la millonaria contratación”, afirmó el Tribunal.
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Igualmente, concluyó el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, que el gobernador Tavera no protegió los recursos de Santander ni los derechos de que quienes debían verse beneficiados con la suscripción de los contratos del PAE objeto de investigación.
“El gobernador tenía el interés que de que los empresarios se lucraran más allá del presupuesto establecido y por ello se adulteró la contabilidad para tratar de dar una apariencia de legalidad y de que todo que todo está bien”, enfatizó el magistrado del Tribunal.
El tribunal advirtió que adicionalmente los dos delitos imputados, por parte de la Fiscalía contra el gobernador Tavera, exceden notablemente los cuatro años de prisión y por ello se hace necesaria su reclusión en un centro carcelario.
El magistrado a cargo del proceso también señaló en su decisión que el gobernador Didier Tavera habría actuado con ánimo doloso para “negociar un remedo de licitación pública”.
“Es viable señalar que el gobernador era consciente de lo deficiente que era la contracción relacionada con el PAE y pese a que persistió en mantener la delegación en la secretaría de educación departamental eso no lo exoneraba de su responsabilidad en la celebración de dichos contratos”, manifestó el magistrado.
El magistrado agregó: “No es arbitrario ni imaginario imponer la respectiva medida privativa de la libertad, porque podría reincidir y cometer otros delitos sino se desliga de su actividad como gobernador a Didier Tavera”.
