Cumbre de las Américas en Colombia.
Cumbre de las Américas en Colombia.
Colprensa
27 Ago 2019 06:07 PM

Funcionarios fueron acusados por presuntos sobrecostos en Cumbre de Las Américas

El sobrecosto habría sido de 4.000 millones de pesos.
Gustavo Gómez Martínez
Gustavo
Gómez Martínez

La Fiscalía General de la Nación presentó acusación contra Araminta Beltrán Urrego, Alexánder Potdevin Gutiérrez y Antonio Porras Gutiérrez por presuntas irregularidades en el contrato para la organización de la sexta Cumbre para Las Américas, celebrada en Cartagena en abril de 2012.

De acuerdo con el ente acusador, al revisar la facturación del evento, "se encontró un presunto sobrecosto aproximado de 4.000 millones de pesos".

Beltrán Urrego, en ese momento, se desempeñaba como directora administrativa y financiera de la Cancillería. Por su parte, Potdevin Gutiérrez, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, era el supervisor del contrato. Y Porras Gutiérrez era el representante legal de la unión temporal Cumbre de Las Américas Cartagena 2012.

Le puede interesar: Cónsul de Colombia en Madrid, a responder por contratos de la Cumbre de las Américas

El contrato inicial se suscribió en noviembre de 2011 y era por 43.000 millones de pesos, para actividades logísticas y operativas, explica la Fiscalía. 

Posteriormente, en marzo de 2012, se le hizo una adición por 12.000 millones de pesos para "servicios de salud, imprevistos y gastos generales". Sin embargo, dice la Fiscalía, esas actividades ya estaban contempladas en el contrato inicial. Además, presuntamente se acordaron 6.000 millones de pesos "para la producción y transmisión de televisión".

Según el ente acusador, en lugar de aprobar la adición, la normatividad indica que debió hacerse un proceso de licitación nuevo, con otros oferentes, para suscribir un contrato diferente, de modo que, presuntamente, hubo una “violación a los principios de planeación, economía, eficiencia y selección objetiva".

Por esa razón, la Fiscalía considera que pudieron haberse cometido los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, para el caso de la adición, y peculado por apropiación, por los 6.000 millones de pesos.