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La Procuraduría General de la Nación solicitó explicaciones al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) sobre las circunstancias que permitieron por la reciente fuga de Oscar Camargo Ríos, conocido como “Pichi”.
En una comunicación enviada por la delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría exigió un informe detallado sobre el monitoreo que INPEC realizó durante la pena domiciliaria de Camargo.
La solicitud fue hecha luego la revelación de que el juez de ejecución de penas a cargo del caso había sido informado sobre al menos tres transgresiones cometidas por el delincuente antes de su fuga, sin que se tomaran medidas preventivas adecuadas.
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El organismo plantea serios interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de supervisión y control en la detención domiciliaria, un régimen que se supone debe ofrecer un equilibrio entre la seguridad pública y los derechos humanos del privado de libertad.
La Procuraduría requirió un listado de los tutores encargados de la custodia de “Pichi”, así como las fechas exactas en que se notificó a INPEC la decisión del juez de revocar su beneficio de prisión domiciliaria.
El organismo explicó que esta información es crucial para determinar posibles responsabilidades de funcionarios para definir posibles sanciones disciplinarias y asegurar que no se repitan incidentes similares en el futuro.
Además, la delegada solicitó un informe sobre el funcionamiento del brazalete electrónico que se utilizaba para monitorear al delincuente pues resaltan que existe la posibilidad de que este dispositivo haya sido alterado es un aspecto clave en la investigación, ya que la eficacia de estos mecanismos de control es esencial para la supervisión de quienes están bajo medidas no privativas de la libertad.
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La fuga de Camargo plantea preocupaciones sobre la gestión del INPEC, también resalta un problema más amplio en el sistema de justicia colombiano.
Los antecedentes de Camargo, que incluyen una serie de delitos graves, subrayan la gravedad de su fuga. A pesar de las alertas sobre su comportamiento, la falta de acción por parte del INPEC pone en evidencia un sistema que, al parecer, no está adecuadamente preparado para manejar situaciones de riesgo.
A medida que la Procuraduría avanza en su investigación, el INPEC deberá disponer de la información para el estudio de las capacidades de protección y guardia de los privados de la libertad, por lo que dirección de la entidad deberá demostrar su compromiso con la seguridad pública y la protección de los derechos de las víctimas, así como su capacidad para gestionar adecuadamente los casos de detención domiciliaria.
